Al intervenir en el debate general de la 22 sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental sobre el Derecho al Desarrollo, en el Consejo de Derechos Humanos, el embajador calificó de genocida al cerco económico, comercial y financiero impuesto contra su país por Washington desde hace más de 60 años, una política que afecta a todos los sectores de la sociedad.
El diplomático también señaló que el bloqueo constituye una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano, evidenciada una vez más en el contexto de la Covid-19, con la entrada en vigor en tiempos de crisis sanitaria de decenas de nuevas medidas decretadas por la administración de Donald Trump, todas mantenidas por su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden.
Quintanilla recordó el rechazo mundial a la política de asfixia empleada por el gobierno estadounidense, condena expresada a través de 29 resoluciones de la Asamblea General de la ONU desde 1992, adoptadas de manera categórica.
Pese a los obstáculos impuestos por el bloqueo y los retos derivados de la pandemia, el pasado lunes Cuba entró en la etapa llamada “nueva normalidad”, con el restablecimiento de la mayor parte de la actividad pública, económica, social y cultural del país, y la reactivación del turismo internacional.
De acuerdo con el embajador, dicho éxito fue posible gracias al manejo de la Covid-19 y a una campaña de vacunación impulsada con inmunógenos de producción nacional, que ya protegió de la enfermedad al 80 por ciento de la población.
A propósito del desarrollo y de la necesidad de que sea inclusivo, ratificó el llamado de la isla a la voluntad política de los países del Norte de respaldar con recursos a las naciones del Sur, lo cual beneficiaría a cientos de millones de seres humanos en todo el planeta.
En ese sentido, Quintanilla subrayó que la posibilidad de desarrollo representa “un derecho universal e inalienable, y es tanto de los individuos como de los pueblos. Es un derecho colectivo que todos debemos disfrutar, y en consonancia promover y respetar”.
La desigualdad entre naciones ricas y pobres, con enormes implicaciones económicas, sociales y culturales, constituye todavía uno de los principales obstáculos que atentan contra la realización del derecho al desarrollo, inequidad profundizada por la pandemia, advirtió.
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