El CIEP-UCR entrevistó, vía celular, a 900 personas mayores de edad entre el 17 y 19 de este mes, con un margen de error de +/- tres por ciento.
Un 27 por ciento de los consultados estimó la corrupción como el primer problema, seguido del desempleo (20 por ciento), costo de vida y situación económica (17), mala gestión del Gobierno (11) y pobreza (5,8), todos por encima del 4,7 por ciento que mencionó la pandemia de Covid-19, cuyos indicadores han mejorado pero persiste la amenaza de una nueva ola.
Para los investigadores del CIEP-UCR los casos de presunta corrupción que señalan a funcionarios estatales y municipales, entre ellos, seis alcaldes, han hecho que más del 50 por ciento de la población haya empeorado su opinión sobre los gobiernos locales y las empresas constructoras.
Asimismo, el 40 por ciento de los entrevistados tienen ahora un criterio peor que antes sobre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y los partidos políticos en general.
Entre las conclusiones de la encuesta destaca que la inquietud popular no se limita a la posibilidad de sustracción o mal uso de fondos públicos, sino también al peligro de que intereses del crimen organizado se cuelen en la institucionalidad pública, como se sospecha ocurrió en uno de los casos.
Este caso sería el denominado Azteca, expediente policial sobre un aparente grupo de narcotraficantes que habrían formado sociedades para participar como proveedores de servicios de construcción en Acueductos y Alcantarillados.
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