Esa instancia jurídica pedirá esa sanción para los participantes en la asonada, que causó 38 muertos y cientos de heridos, por constituir la pena máxima que establece la ley, añadió en conferencia de prensa la fiscal anticorrupción Lupe Zabala.
Los cargos, previstos en el Código de Procedimiento Penal –agregó- incluyen delitos ordinarios como el incumplimiento de deberes y la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes.
El pliego acusatorio presentado por la Fiscalía, que comprende también una lista de 17 testigos, emplaza a exjefes del Alto Mando Militar involucrados en el golpe de Estado, cuyos años de cárcel serán determinados por el Tribunal de Sentencia.
Según Zabala, la Fiscalía acumuló contra los implicados unos 70 elementos probatorios, entre los que figuran informes, noticias sobre los hechos de noviembre de 2019, y declaraciones de asambleístas, policías y funcionarios militares.
Los testigos ofrecieron parámetros suficientes para establecer la participación en los crímenes de 2019 de la señora Áñez y de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía, argumentó la funcionaria del Ministerio Público.
Además de la expresidenta –precisó- entre los acusados sobresalen los excomandantes de la Policía Yuri Calderón; y de las Fuerzas Armadas Williams Kalimán; junto a otros militares vinculados al ascenso de Áñez al régimen en noviembre de 2019.
Representantes de las víctimas de las masacres causadas por los golpistas contra protestas favorables al entonces presidente constitucional Evo Morales exigen hace meses al Ejecutivo la aplicación de la justicia contra los culpables.
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