La declaración de solidaridad, divulgada aquí por el Semanario Universitario, aparece firmada por organizaciones de España, Honduras, Guatemala y Argentina, así como por escritores, docentes y estudiantes universitarios, activistas, economistas, músicos, agrónomos, jubilados y comunicadores de diversas naciones.
Rubricada para visibilizar la lucha de los pueblos indígenas a propósito del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica de España, hecho acontecido el 15 de septiembre de 2021, el texto solicita a Casa Presidencial, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se dejen impunes los asesinatos de Rojas y Rivera.
Los firmantes aseguran que la independencia de España «no condujo, lamentablemente, al cese del saqueo y del irrespeto a la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas. A lo largo de estos dos siglos, se han mantenido el racismo, la discriminación y la violación de sus derechos».
Agregan que hoy en Costa Rica persiste la indolencia por parte de los poderes del Estado para brindarle protección a los integrantes de las comunidades indígenas ante las vejaciones y amenazas de muerte de las que son víctimas.
Incluso, denuncian se ha pretendido dejar impunes los asesinatos de Rojas y Rivera, y no se les reconoce el derecho a sus tierras y, más bien, se protege a quienes las han usurpado.
Quienes respaldan la declaración contrastan también el discurso de país ecológico del Gobierno frente al desamparo hacia los principales protectores del medio ambiente: los pueblos originarios.
Como parte del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica queremos levantar una declaratoria a favor de los pueblos originarios para visibilizar, de distintas formas y métodos, su identidad y su gesta tan negada, oculta o tergiversada por la institucionalidad y la cultura oficial, señalan los firmantes.
Por ello, llaman al Estado a reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, para que, en el futuro, Costa Rica no tenga que avergonzarse por la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios ni de ningún otro grupo humano.
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