Solo uno de los ciudadanos arrestados el pasado 1 de diciembre durante la Operación Fisher, desplegada por las fuerzas de seguridad, recibió mediante acuerdo de pena sanción de cinco años y ocho meses de prisión por asociación ilícita para delinquir.
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, dijo a la prensa que este operativo significó un duro golpe para la banda dedicada a traficar sustancias ilícitas desde Colombia hacia las costas de las provincias panameñas Colón y Bocas del Toro, y de ahí a Estados Unidos.
El Clan del Golfo controla la producción de unas 300 toneladas de cocaína, un tercio de la cual proviene de Colombia y su red llega a 28 países.
Entre los resultados que dejó la operación, el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, resaltó que la incautación de 10 millones de dólares, entre otros bienes, es la mayor que se ha hecho en el país en toda su historia.
De otra parte, la víspera sobresalió el reflejo en los medios de prensa de la extradición desde Guatemala a Estados Unidos de Ricardo Alberto Martinelli Linares, el hijo mayor del expresidente panameño Ricardo Martinelli(2009-2014).
El próximo jueves, y ante un juez en Nueva York, se declarará culpable de lavado de dinero asociado a sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.
Martinelli Linares se unió en la norteña nación a su hermano, Luis Enrique, quien el pasado 2 de diciembre se declaró culpable en un tribunal federal por el mismo delito.
La sentencia contra Luis Enrique será el 20 de mayo del 2022 o cuando el letrado Raymond Dearie dictamine la pena calculada en un máximo de 20 años.
Para Ricardo Alberto podría ser el mismo camino, después de que los hermanos fueran detenidos en Guatemala el 6 de julio de 2020 cuando intentaban abandonar el país centroamericano en un avión privado, tras casi un año de paradero desconocido.
Según la acusación, los Martinelli Linares son responsables de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por casi 28 millones de dólares.
También en la semana líderes sindicales y de gremios docentes demandaron que el Estado panameño cumpla con lo consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantice acceso a educación de calidad, vivienda, salud, alimento y trabajo bien remunerado.
Tras concluir la llamada Marcha del Pueblo Unido, que recorrió céntricas avenidas de la nación canalera, los manifestantes llegaron hasta la Presidencia para entregar un pliego de demandas.
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