Durante la primera de las jornadas de trabajo previas al Octavo Período Ordinario de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), el jurista presentó las modificaciones resultantes de los debates especializados sobre los proyectos de ley sobre los Tribunales Militares y la Ley del Proceso Penal Militar.
Remigio puntualizó que las normativas guardan total sintonía con las leyes equivalentes sobre el ámbito civil aprobadas en el último periodo ordinario de sesiones (la Ley de Tribunales de Justicia y Ley del Proceso Penal).
Ello también forma parte -dijo- de la tradición jurídica histórica, pues desde las gestas emancipadoras de la segunda mitad del siglo XIX en Cuba, existieron reglamentos y normativas que definieron la labor de los tribunales militares.
Sobre las consultas realizadas, afirmó que participaron los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el del Interior, Justicia, dependencias del Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República, las universidades y la población.
De esos debates emanaron respecto a la Ley de Tribunales Militares 162 criterios y propuestas, de los cuales 105 resultaron aprobados (65 por ciento).
Cuatro nuevos artículos fueron agregados sobre el funcionamiento y procederes de estos órganos, y otros 23 acápites perfeccionaron su redacción, informó Remigio.
La Ley del Proceso Penal Militar recibió 31 propuestas, de las cuales el 90 por ciento conformaron la nueva versión del documento.
En ese sentido, Remigio aseguró que 207 apartados se modificaron y cuatro adoptaron cambios sustanciales, relacionados con las competencias de los tribunales, la búsqueda de imparcialidad y transparencia en las pruebas periciales y la modificación de plazos y trámites.
Los diputados reconocieron la protección de los derechos de los ciudadanos que refrendan las nuevas normativas y plantearon inquietudes sobre elementos específicos de las normativas.
Durante la jornada de este sábado los parlamentarios debatirán también leyes sobre el ordenamiento territorial y urbano, la gestión del suelo y el Código de las Familias.
Hasta el 22 de diciembre venidero los diputados analizarán además el presupuesto del Estado y otras cuestiones económicas, al tiempo que realizarán actos de control sobre instituciones y funcionarios.
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