El azote de la pandemia de la Covid-19 no impidió la realización de dos sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento) -una modificó la fecha por la complejidad epidemiológica- y con ello la votación de nuevas normativas, de las cuales cuatro constituyen el núcleo duro de las transformaciones procesales en la nación.
Las propuestas de leyes de los Tribunales Populares, los Procesos Administrativos, el Código de Procesos y el Proceso Penal fueron las primeras en recibir la luz verde de los diputados en el mes de octubre.
Según reconoció a Prensa Latina el ministro de Justicia, Oscar Silvera, son legislaciones que permitirán ganar en agilidad y transparencia, así como en el desarrollo del debido proceso judicial.
Las normas están en correspondencia con la Constitución aprobada en 2019 por más del 86 por ciento de los habitantes del país, en lo referido a la necesidad de modernizar los códigos judicial y penal de Cuba, para atemperarlos a los estándares internacionales y la realidad nacional.
El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Remigio Ferro, insistió en que fueron revisadas 68 disposiciones jurídicas similares en distintas partes del mundo, y participaron diversos organismos, académicos, magistrados, jueces y trabajadores del sector judicial cubano.
¿Qué elementos constituyen novedad en estas normativas? La posibilidad de los acusados de disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso legal y la exigencia de que se conceda a los detenidos un abogado en un plazo de 24 horas a partir de su aprensión son solo algunos ejemplos de lo modificado.
Los cambios comprenden también que las personas no puedan ser privadas de libertad, salvo por las autoridades competentes, a la vez que quedaron fortalecidos elementos como la presunción de inocencia y el derecho a comunicarse con sus familiares con inmediatez, aportó Ferro.
De acuerdo con Mayda Goite, presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la Unión Nacional de Juristas (UNJ), otros méritos de la transformación penal y de procesos constituyen el importante papel otorgado por las normas a las víctimas y el amparo a los individuos en algún grado de vulnerabilidad.
A su juicio resulta también importante destacar la inclusión de la medida cautelar, que permite el alejamiento del agresor mientras discurre el proceso.
También resalta el tratamiento especial brindado para los jóvenes entre 16 y 18 años, quienes en todo momento podrán acompañarse de sus padres y un representante legal y contarán con instituciones para brindarles tratamiento informativo.
En el ámbito de lo administrativo, el Premio Nacional de Derecho Juan Mendoza enfatiza que la nueva norma da respuesta a un viejo anhelo de los ciudadanos: el respaldo ante los tribunales de cualquier decisión que pueda afectar los derechos de una persona adoptada por funcionarios, directivos y empleados de la administración.
Para el también presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la UNJC la reforma judicial que emprendió este año Cuba califica como “un tsunami´, pues “no hay un solo segmento de la vida de las personas que no encuentre ahora un respaldo ante los tribunales”, afirmó.
LA JUSTICIA MILITAR Y LA GESTIÓN DEL SUELO
Desde las gestas emancipadoras de la segunda mitad del siglo XIX, existieron reglamentos y normativas que definieron la justicia militar en Cuba.
Acorde con esa tradición, en la más reciente sesión ordinaria del parlamento de la nación, fueron aprobadas también la Ley de los Tribunales Militares y la del Proceso Penal en ese ámbito.
Para el presidente del TSP, son normas en total sintonía con lo legislado en el ámbito civil, y también con los preceptos constitucionales que garantizan derechos de los ciudadanos.
Ante los diputados, el jurista llamó la atención en que incorporan y consolidan principios fundamentales, como la inclusión del recurso de habeas corpus, y la ampliación de los regímenes de acceso, comunicación y participación del acusado en todas las fases del proceso penal militar.
De igual manera, apuestan por el desarrollo de procederes equitativos, funcionales y ágiles, y consagran el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, así como a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial.
Alrededor de 190 propuestas de cambios para su perfeccionamiento recibieron ambas legislaciones, en el debate con profesionales de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Interior, Justicia, dependencias del Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República, las universidades y la población cubana.
También en el actual periodo de sesiones de la ANPP los diputados sancionaron, por vez primera, una Ley de Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, que promueve la protección y el uso racional de los recursos naturales del país y la preservación del patrimonio cultural y natural.
GARANTÍAS FAMILIARES: SUMAS Y MULTIPLICACIONES
Fruto de las aportaciones de profesionales pertenecientes a 47 instituciones de distintos ámbitos, en una consulta especializada que ocupó los meses de septiembre y octubre de 2021, emergió la versión del Código de las Familias aprobada por los diputados en la última sesión del parlamento.
La consulta popular del documento quedó pactada entre el 1de febrero y el 30 abril del 2022, en otro ejercicio de construcción colectiva de las normas en el país, que luego deberá transitar por la inclusión de las modificaciones resultantes del análisis con la población y un posterior referendo.
Para los expertos en la materia, es esta una de las legislaciones de su tipo más avanzadas en el mundo, que propugna multiplicar los afectos y ofrecer una mirada multidisciplinaria a los conflictos, así como proteger los derechos de todas las personas, como afirmó recientemente el ministro de Justicia, Oscar Silvera.
El nuevo proyecto aboga por el fortalecimiento de la responsabilidad familiar; reconoce el papel de la igualdad de género, amplía las variantes del régimen económico del matrimonio y reconoce la compensación del trabajo doméstico, a la vez que salvaguarda el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Entre sus ventajas resalta además el amparo a jóvenes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad; la protección de la maternidad y la paternidad; el reconocimiento de garantías a abuelas, abuelos y otros parientes, y el derecho de todas las personas a contraer matrimonio sin distinguir orientación sexual o género.
En el enriquecedor análisis de los legisladores cubanos, Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, subrayó que se trata un proyecto resultante de la madurez alcanzada por la Revolución, en el proceso de construcción de su justicia social.
Por su parte, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, aseveró en las palabras de clausura de la sesión plenaria del parlamento: “Estamos ante un texto que proyecta el presente y futuro de la sociedad cubana”.
Durante este año también entraron en vigor en Cuba decretos-leyes relacionados con el bienestar animal, las telecomunicaciones, el sistema empresarial estatal, la protección de los derechos de la madre trabajadora y las formas de gestión no estatal, por solo mencionar algunos ejemplos.
Recibieron también atención el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género, ambos planes de Gobierno que conducirán a la adopción de acciones concretas para una mayor igualdad y la prevención de los distintos tipos de agresión contra las féminas.
En el 2022 -según lo proyectado por la ANPP- Cuba continuará con una intensa agenda legislativa, la cual prevé la aprobación de 27 leyes y 14 decretos-leyes, en un cronograma que responde a las prioridades y exigencias de desarrollo de la nación.
rmh/lrg
*Periodista de la Redacción Cuba de Prensa Latina
