La actual administración de la Casa Blanca informó que, como el resto de su política hacia la mayor de las Antillas, esto también tendrá su tiempo de evaluación.
Así lo confirmó el pasado 17 de diciembre John T. Godfrey, coordinador en funciones del Departamento de Estado para el terrorismo, quien aseguró en una conferencia de prensa: “Lo que puedo decir es que la política sobre Cuba y esa designación siguen bajo revisión”.
En enero de este año, Estados Unidos volvió a poner a la nación caribeña en esa unilateral lista, de la cual estuvo ausente desde 2015, cuando fue retirada bajo el mandato de Barack Obama (2009-2017).
Es una medida “abiertamente politizada”, subrayó el senador demócrata Patrick Leahy, uno de los más activos miembros del Congreso de Estados Unidos a favor del acercamiento entre los dos países.
Para no pocos observadores, la similitud de sus políticas hacia Cuba es, hasta ahora, el denominador común entre el republicano Trump y el demócrata Biden, pese a que este último prometió durante su campaña electoral en 2020 que de llegar a la mansión ejecutiva intentaría la reaproximación entre las dos orillas. Sin embargo, en el año que concluye la relación bilateral nada cambió, como se dibujaba dentro de las posibilidades con el estreno del gobierno demócrata. En su lugar persisten la hostilidad y agresividad desde Washington.
Algunos expertos consideran que la inclusión de la isla en la lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo es fruto del oportunismo político de aquellos funcionarios que se sienten en deuda con motivo de las elecciones de noviembre del pasado año o que ya andan adelantando favores de cara al 2024.
Es el caso de lo que ocurre con Biden. No puede cambiar su postura hacia Cuba “por el miedo a Florida”, opinó el académico estadounidense William Leo Grande.
En un artículo publicado el 28 de junio en el diario The Hill, el profesor de gobierno en la Escuela de Asuntos Públicos de la American University en Washington DC, alertó que por ese temor la administración Biden continúa “la prolongada revisión de la política hacia Cuba”.
EN SU LUGAR, SANCIONES
Cierra el 2021 con un bloqueo recrudecido con 243 medidas adoptadas por Trump, 55 de ellas en tiempos de la pandemia de Covid-19.
Además, persisten los intentos de cambio de régimen en Cuba con el apoyo de los fondos millonarios para la subversión que el Gobierno de Estados Unidos destina a esos fines.
Tampoco hay señales de reactivación al freno que puso Trump al proceso de normalización de relaciones entre La Habana y Washington, iniciado en 2014 con Obama, de quien Biden fue su vicepresidente.
Desde que ocupó el sillón del Despacho Oval a partir del 20 de enero, el Presidente 46 mantuvo invariable su postura en cuanto a hacer algún pronunciamiento público directo sobre Cuba hasta que ocurrieron los disturbios del 11 de julio.
Un día después de los sucesos -que La Habana condenó y alertó que fueron alentados desde Estados Unidos-, Biden expresó su apoyo a los «miles de cubanos» que salieron a las calles de la isla contra el «régimen autoritario».
A partir de ahí se sucedieron sus opiniones sobre «derechos humanos», «libertades», «derechos universales», supuestamente violados en Cuba, y comenzó a aplicar sanciones a funcionarios e instituciones del país caribeño a los que responsabilizó de presuntas violaciones contra los participantes en los desórdenes públicos.
Biden «parece estar apoyando otra revolución ‘de color’, dirigida y financiada por Estados Unidos en Cuba», que pretende el derrocamiento de su legítimo gobierno, advirtió entonces la pacifista Cindy Sheehan en declaraciones a Prensa Latina.
Mientras Medea Benjamin, cofundadora de la organización Code Pink (Código Rosa), aseguró que es criminal que el presidente Biden persista en las crueles sanciones contra Cuba cuando, de un plumazo, podría levantar todas las medidas coercitivas impuestas por su antecesor.
Pero Biden -apuntó en entrevista con esta agencia de noticias- antepone burdos cálculos políticos que tienen que ver con la agenda interna al bienestar de 11 millones de cubanos.
EVIDENCIA RECIENTE
El 21 de diciembre la Casa Blanca dio a conocer su negativa a dar asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 (octubre 2021-septiembre 2022).
Aunque en la práctica el bloqueo lo impide, alegan que tampoco permitirán préstamos internacionales en esos rubros a la isla porque, según los estándares de Washington, el país caribeño no hace “lo suficiente para combatir la trata de personas”.
En un memorando dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, Biden expresó la determinación «con respecto a los esfuerzos de los Gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas», una acusación que las autoridades de La Habana tildan de calumniosa y que, a su juicio, solo atizan el fuego de la hostilidad.
Ello se deriva de la inclusión de Cuba en el Nivel 3 del Informe sobre trata de Personas del Departamento de Estado el pasado 1 de julio, lo que da continuidad a una decisión de Trump, señaló una fuente diplomática a Prensa Latina.
«Al imitar las calumnias inmorales del gobierno de Donald Trump, la actual política exterior de los Estados Unidos pone en tela de juicio su compromiso sincero con el enfrentamiento al terrible flagelo de la Trata de Personas, a la vez que vulgariza el esfuerzo internacional en combatirlo», expresó la Cancillería cubana. A su vez, denunció que la Casa Blanca pretende «desacreditar la cooperación internacional de Cuba en la esfera de la salud, por la que nuestro país ha recibido el reconocimiento de decenas de gobiernos (…) y el elogio de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales».
CÁLCULOS POLÍTICOS
Al parecer Biden no sabe cómo manejar los riesgos políticos respecto al tema Cuba, particularmente ante la cercanía de las elecciones de mitad de período de 2022 en las que los demócratas tratarán de retener sus estrechas mayorías en el Congreso.
Los precedentes históricos apuntan a que se les escapará su control al menos en la Cámara de Representantes.
A juicio de Leo Grande, los miembros de la fuerza azul (color que identifica al Partido Demócrata) sufren aún el “trastorno de estrés postraumático electoral desde que Al Gore perdió Florida -y la presidencia- ante George W. Bush por 537 votos, una pérdida en la que Cuba fue tema central y los cubanoamericanos jugaron un papel fundamental”.
Recordó el académico que la estrategia de campaña de Biden en Florida en 2020 fue decir lo menos posible sobre Cuba porque nada de lo que pudiera plantear le haría ganar votos, mientras cualquier cosa que manifestara significaría perder algunos.
El mal desempeño electoral ese año exacerbó esos miedos por el rol preponderante que desempeña el sureño estado en los cálculos políticos de cara a 2022 y más allá.
En su campaña electoral, Biden aseguró que daría marcha atrás a las sanciones de Trump que perjudican a las familias cubanas, restablecería los viajes y abordaría con el gobierno del país caribeño temas de interés mutuo.
Sin embargo, “Donde dije Digo, digo Diego”, reza en un refrán popular, y camino a sus primeros 12 meses en el cargo –como señalara una fuente diplomática- el piloto automático de Trump está conectado a Biden sin signos de cambios en la relación bilateral.
En contraposición a ello se multiplicó en 2021 la solidaridad con Cuba en Estados Unidos.
Caravanas y marchas contra el bloqueo, resoluciones en más de una veintena de ciudades de ese país que piden el levantamiento de semejante política de asfixia e incluso solicitan la cooperación médica cubana en el contexto de combate a la Covid-19, son apenas algunos ejemplos.
Como también lo son las campañas de la compra de jeringuillas y alimentos para Cuba, la XXX Caravana de Pastores por la Paz que volvió a la isla en noviembre, la iluminación de las noches en Nueva York con carteles de respaldo a la mayor de las Antillas y las iniciativas del proyecto Puentes de Amor.
arb/dfm
(*) Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina
