Por medio de un comunicado, los relatores independientes del organismo multilateral señalaron que en la prisión ubicada en ese lugar se cometen violaciones implacables y continuas de las garantías fundamentales de los detenidos.
Esto constituye una mancha para el Gobierno de Washington en temas como el estado de derecho, apunta la declaración.
A 20 años de la llegada de los primeros detenidos a la ilegal base estadounidense en Cuba, los relatores rechazaron las detenciones arbitrarias sin juicio y las torturas o malos tratos perpetrados en ese centro.
Estas son prácticas “inaceptables” para cualquier Gobierno, pero particularmente para el estadounidense que se dice protector de los derechos humanos, subrayaron. Del mismo modo, repudiaron la impunidad de la cual gozan los responsables de esos abusos.
La Base Naval de Guantánamo es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas y prohibición de la tortura patrocinada por el Estado, señala el comunicado del grupo de expertos en derechos humanos.
Una vez más, los relatores de ONU pidieron a Washington que cierre el centro carcelario, regrese a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros.
Asimismo, solicitaron reparación para quienes hayan sido torturados y detenidos arbitrariamente por sus agentes, y que se obligue a que los responsables de los actos de tortura que rindan cuentas, en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.
En 2003, recordaron, la prisión de la Basa Naval de Guantánamo albergaba a 700 reclusos y dos décadas después, aún quedan 39 detenidos de los cuales sólo nueve han sido acusados o condenados por algún delito.
De 2002 a 2021, murieron nueve detenidos bajo custodia, dos por causas naturales y, según los informes, siete se suicidaron. Ninguno de ellos acusado o condenado de delito alguno.
Los expertos en derechos humanos expresaron especial preocupación por la población carcelaria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante un largo período de tiempo y repudiaron la falta de asistencia médica adecuada, así como la inexistencia de rehabilitación por tortura a las que obliga el derecho internacional. Igualmente, denunciaron los procedimientos previos al juicio que realizan las comisiones militares para eliminar las pruebas de tortura y remarcaron la necesidad de transparencia e imparcialidad en los procesos.
En ese sentido, hicieron énfasis en las fallas del sistema judicial de Estados Unidos para proteger los derechos humanos y defender el estado de derecho que dan lugar a un limbo legal en la Basa Naval de Guantánamo.
Los relatores son parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: un grupo de mecanismos independientes de determinación y monitoreo de los hechos.
Estos expertos no son personal de Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo, además su labor es independiente de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
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