El conflicto entre la ADP y el Ministerio de Educación de este país, con alumnos y padres por medio, crece cada día al reiterar el gremio la negativa a dar inicio al curso escolar y no producirse el esperado diálogo entre las partes encaminado a resolver la difícil situación creada en un sector de vital importancia.
La ADP envió una carta al ministro de Educación, Roberto Fulcar, el pasado 7 de enero donde solicitó un diálogo “a los fines de afrontar juntos la problemática de la salud de la comunidad educativa”, pero el funcionario manifestó estar abierto al diálogo, pero con las escuelas abiertas.
No son pocos los sectores los cuales han expuesto sus criterios teniendo en cuenta son más de dos millones de niños los afectados y como expresó el secretario de Educación del Partido Revolucionario Moderno, Rafael Santos, “no puede afectarse a los niños asistentes a escuelas públicas, quienes son los perjudicados de un conflicto no entendido”. También la Fundación Institucionalidad y Justicia, está preocupada y manifestó: “Inquieta que la ADP se arrogue una función institucional la cual no le corresponde al desconocer decisiones de las instituciones llamadas por mandato constitucional a regular y adoptar las medidas requeridas para asegurar el normal funcionamiento de la vida nacional”.
Asimismo, lamentó como desconociendo los llamados de las autoridades educativas, de la salud y de amplias capas sociales, el gremio reitere una conducta ya sancionada en ocasiones anteriores por los tribunales, la de afectar el derecho a la educación de niños y adolescentes por adoptar decisiones al margen de los mecanismos previstos por las leyes.
El reinicio de las clases estaba previsto en el país para el pasado 11 de enero, luego de las vacaciones por la Navidad, de manera presencial y voluntaria, pero los maestros no acudieron a los centros docentes.
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