Tal y como expresó el destacado comunicador Rafael Chaljub con respecto al asunto, “ha sido el acto de gobierno más controversial, más conflictivo y que mayor rechazo ha recibido en el año y medio de gestión del presidente Luis Abinader”.
No es para menos, es poner una de las principales industrias del Estado en manos de personas jurídicas para que la administren durante 30 años en un contrato de fideicomiso, es decir encargar a un tercero el manejo de un bien público.
Pero los funcionarios del gobierno, e incluso el presidente, han repetido una y otra vez que con el acuerdo no pasan ese bien a manos privadas, sino que le dan a la Fiduciaria Reservas la potestad de administración, una entidad del emblemático banco estatal Banreservas.
Sin embargo, las críticas llueven y los llamados a Abinader para que dé marcha atrás al proyecto se multiplican, pues no pocas organizaciones políticas y sociales están en contra de esa decisión aunque sea por la variante planteada y por tiempo determinado, «no ven la necesidad».
Según el economista y vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco, cuando es constituido un fideicomiso público es porque el activo a ceder o traspasar tiene algún tipo de problema de flujo de caja y ese no es el caso.
“Punta Catalina, ubicada en la provincia Peravia, es una planta que juega un papel estratégico en la cadena de suministro y generación de electricidad la cual mueve su propio flujo de caja para encarar un proceso de inversión si se requiere una capacidad de ampliación de la misma”, dijo.
Asimismo, precisó cómo dentro del contrato no está planteado un proceso formal o explícito de privatización, pero abre la posibilidad de que esa planta pueda serlo en el futuro mediante la incorporación de un fideicomitente adherente o alguna persona natural o jurídica la cual modifique el pacto, algo sin sustento de acuerdo con juristas.
Asimismo, criticó que dentro del contrato estén incluidos los nombres de los integrantes del Comité Técnico, pues con eso da mayor formalidad y legalidad a esas personas a la hora de aprobar el documento dentro del legislativo.
Finalmente, explicó que el gobierno pudo tener más opciones para la administración de esa termoeléctrica, pudo tomar como punto de referencia el modelo de la Refinería Dominicana de Petróleo, una empresa estatal operada de manera pública o con mayoría pública la cual es un modelo de negocio.
Por su parte, el jefe de Estado expresó con claridad que el fideicomiso de marras para la administración de Punta Catalina no implica su privatización, y calificó de «inventos y falsedades» los argumentos contrarios.
Criticó a los que se expresaron públicamente en contra del acuerdo aprobado el pasado 11 de enero por la Cámara de Diputados, y aseguró que la planta no será vendida.
También señaló estar a favor de auditar e investigar el proceso de construcción de la termoeléctrica, algo sobre el tapete desde hace tiempo debido a las acusaciones de corrupción existentes sobre esa obra.
Así las cosas, las discusiones alrededor de esta importante empresa continúan y tienden a crisparse en los próximos días, e incluso el movimiento Marcha Verde planteó incluir el tema entre las demandas a exigir en una manifestación prevista para el próximo domingo.
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