La dependencia en un comunicado justificó la decisión para alejar de hospitales y escuelas a los participantes en protestas contra la asonada del 25 de octubre del año pasado, y que se saldó con casi 80 víctimas mortales entre los civiles.
No obstante, el Comité explicó que los ciudadanos pueden organizar sus demostraciones en plazas públicas debidamente autorizadas en consonancia con regulaciones del documento constitucional de transición, que no incluyen el centro de Jartum, un área expresamente prohibida.
De hecho, dentro de la zona prohibida se encuentra el Palacio Presidencial, la sede del general Abdel Fatah al Burhan, el líder golpista y presidente del Consejo Soberano de Transición, la máxima instancia hasta la probable celebración de elecciones en 2023.
Sudán vive en la inestabilidad política desde el derrocamiento en abril de 2019 del entonces presidente Omar al Bashir, y que se agravó a comienzos de este mes con la renuncia del primer ministro Abdallah Hamdok, quien acusó a los militares de la imposibilidad de formar gobierno.
Entretanto, la Unión Africana (UA) exhortó a las autoridades militares y los líderes políticos reanudar el diálogo sobre la base de la Declaración Constitucional de Sudán, de agosto de 2019, y el Acuerdo de Paz de Juba, de octubre de 2020.
La decisión fue tomada después de una presentación del enviado especial de la UA a esta nación, Mohamed Belaiche, quien dijo al Consejo que la crisis no se debía solo al aplastamiento violento de las protestas, sino también a la escisión de los partidos que se espera negocien con los militares en el poder.
Tal propuesta se produce luego que el Consejo tildara de injerencista la actuación de algunas misiones diplomáticas en Jartum.
El vocero del cuerpo castrense, Salma Abdel Jabar al Mubarak, se abstuvo de mencionar a los países implicados.
Una propuesta de negociaciones hecha por la Organización de Naciones Unidas encontró oídos sordos entre la oposición política sudanesa.
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