Las leyes comunitarias obligan a proteger a los trabajadores y ciudadanos del riesgo de radiación y fue adoptada en 2018 tras el accidente nuclear de Fukushima (Japón) en 2011.
Ahora incluye nuevos protocolos de emergencia y una mayor protección ante riesgos derivados de una exposición a radiaciones ionizantes para trabajadores, pacientes y ciudadanos.
Los Estados miembros del bloque integracionista tuvieron hasta junio del pasado año para insertar la norma en su legislación, pero España no cumplió con los plazos previstos.
En junio los servicios comunitarios remitieron a las autoridades de Madrid un dictamen, devenido ultimátum, para que responda a las “dudas” de la CE, según el ente regional.
Pero Bruselas consideró insuficientes las explicaciones y afirmó que el país ibérico hasta hoy solo implementó «una pequeña parte de los requisitos» de la nueva directiva comunitaria.
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