De acuerdo con un informe del Ministerio Público presentado a la prensa, un equipo especial se trasladó a esa región para ahondar en lo que algunos parlamentarios estimaron se trata de un delito de lesa humanidad.
La medida tiene lugar luego de que el pasado 17 de febrero la presidenta encargada de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional (Parlamento) y primera vicepresidenta, Kayra Harding, demandó ese proceso.
El más reciente escándalo que puso en vilo al istmo se inició cuando la legisladora independiente suplente Walkiria Chandler preguntó en una interpelación a la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, sobre las supuestas esterilizaciones forzadas de indígenas después de dar a luz.
Narró además que una comisión parlamentaria viajó a Bocas del Toro en octubre de 2021 para conocer casos de leishmaniasis en infantes y; en esa ocasión; varias mujeres indígenas denunciaron las intervenciones quirúrgicas sin su permiso.
Chandler también afirmó que en su momento notificó al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre- ahora fuera del país para un tratamiento médico-, pero nunca respondió.
Una investigación paralela sobre estos hechos lleva adelante la oficina del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.
A juicio de Leblanc, si las esterilizaciones forzadas son ciertas se trata de un retroceso como país.
El Minsa también adelantó que investiga supuestos procedimientos quirúrgicos de salpingectomía en instalaciones en la comarca Ngäbe-Buglé y en Bocas del Toro, sin el debido consentimiento de los pacientes.
msm/ga
