El documento, cuya presentación fue presidida por la legisladora Kattya González, confirmó que el Ministerio Público ignoró informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra políticos imputados por esos delitos.
Por su parte, el diputado Sebastián Villarejo, del Partido centrista Patria Querida, ratificó que la Fiscalía ignoró en 2019 un informe de inteligencia financiera que le entregó esa entidad anti-corrupción.
El reporte -explicó- ofrecía la constancia de numerosas operaciones sospechosas, pero la jefa del Ministerio Público no hizo nada al respecto, y solo firmó “el recibido”.
Villarejo informó sobre otra comunicación este lunes de la Seprelad con la confirmación de que los hechos denunciados el 3 de febrero por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, fueron comunicados a la fiscalía desde fines de 2019.
“¿Por qué no se abrió esa causa hace dos años? Esta mera confirmación es algo contundente para sumar a este libelo. No se hizo nada en dos años”, subrayó el diputado, en referencia a acusaciones directas contra el expresidente Horacio Cartes.
“Si hay un movimiento político que con tanto esfuerzo protege a una funcionaria pública, es por algo”, expresó el legislador, en referencia a que Quiñónez fue nombrada por el exjefe de Estado durante su período de gobierno (2013-2018).
“Hubo abierto prevaricato –sentenció- se utilizó de manera ampliada una interpretación de la ley. Más de nueve mil causas fueron presentadas como trofeos de guerra como logros del Ministerio Público”.
En su intervención inicial, la diputada González pidió a la ciudadanía aplicar sufragios de presión contra los legisladores que no apoyen el documento contra la líder del Ministerio público.
La parlamentaria insistió en que los electores castiguen en las urnas a quienes defiendan “intereses de los poderosos y den la espalda al pueblo”, en alusión al ocultamiento de cargos del que se acusa a Quiñónez.
González aludió al respecto a las posibles dificultadas para lograr los votos de acogida al libelo acusatorio, cuyo apoyo requiere de 20 firmas, y de 53 para que prospere el juicio político en la Cámara Baja.
Según la diputada, los votos en favor de procesar a la líder del Ministerio Público podrían también forzar a la Comisión Permanente del Congreso a convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y refrendar el inicio del proceso.
El libelo acusatorio presentado por González tiene dos mil 500 páginas.
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