Los cancilleres tico, Rodolfo Solano; panameña, Erika Mouynes; y dominicano, Roberto Álvarez, adoptaron una declaración en Sesión Especial de Emergencia bajo la Resolución 377 A (V) titulada Unidos por la Paz adoptada por la Asamblea General el 3 de noviembre de 1950.
Esos tres países, integrantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), sostienen que el diálogo y la negociación deben estar acompañados del respeto a la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General y al Derecho Internacional.
«Hacemos un llamado firme para que se retomen las vías de la negociación y el diálogo diplomático, y que la promoción de la paz y el respeto al multilateralismo sean el eje de las acciones en esta coyuntura», apunta la declaración de la ADD.
Asimismo, sostiene que la Alianza respalda al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su llamado a que cesen las hostilidades, y se potencie la aplicación de la moderación y la razón.
Resalta que la recuperación económica, la lucha contra el cambio climático, la atención a las necesidades de salud de nuestros pueblos, deben ser las líneas de acción de los gobiernos, bajo la premisa indiscutible de que las acciones de hoy moldearán las realidades del mañana.
Sobre la base de valores compartidos y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional, esos tres países condenan lo que llaman «el uso de la fuerza y la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, por parte de la Federación de Rusia».
Sin embargo, Rusia la califica de operación militar especial para proteger las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y preservar su seguridad frente a la amenaza que representa la política belicista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y su proyectado expansionismo hacia el este.
En 2014, un golpe de Estado posibilitó la llegada al poder en Ucrania de un gobierno de derecha, apoyado por grupos neofascistas y plegado a los intereses de la OTAN, que lanzó una operación de castigo contra la población sublevada de las regiones de Donetsk y Lugansk, con saldo de unos 13 mil muertos.
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