En una nota hecha llegar a Prensa Latina, el director del medio digital Cubainformación, José Manzaneda, señaló que la iniciativa del derechista Partido Popular (PP) de sentar a la isla caribeña en la silla de los acusados por supuestas violaciones de los derechos humanos, resultó una maniobra fallida.
A la idea del PP llegó una enmienda de modificación, presentada por Elkarrekin Podemos y respaldada por todo el resto de fuerzas políticas como EH Bildu, PNV y PSE-PSOE.
Según uno de los portavoces de Euskadi-Cuba, «al PP, a Cuba Decide y a Demokrazia Kubarentzat les salió el tiro por la culata. Han conseguido que el Ayuntamiento de Bilbao, y esta vez no a iniciativa de nuestra asociación, condene de nuevo el bloqueo a Cuba».
El texto hace referencia al apoyo a las declaraciones internacionales de Derechos Humanos, sin alusión concreta a la situación de la isla.
Y en el segundo manifiesta su apoyo a la resolución A/75/L.97, del 23 de Junio de 2021, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, referente a la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, precisó.
Carlos D. García Fernández, concejal del Partido Popular, presentó al pleno del Ayuntamiento de Bilbao del pasado 24 de febrero una propuesta de acuerdo para que esa instancia condenara al Gobierno de Cuba por «violación de los derechos humanos», en un texto plagado de falsedades, neocolonialismo, violencia verbal e injerencia.
De acuerdo con Cubainformación, el concejal derechista reconoció que la idea había sido «consensuada» con «Cuba Decide», organización con sede en Miami, liderada por Rosa María Payá, financiada por Washington, estrechamente vinculada a la ultraderecha cubanoamericana y defensora a ultranza del bloqueo a la isla, y por la asociación «Demokrazia Kubarentzat» (Democracia para Cuba), de reciente creación.
Sostiene una línea de negación del bloqueo a Cuba en contra de la postura de la Comunidad Internacional, que en abril votará por trigésima vez, en la Asamblea General de la ONU, para pedir a Washington el levantamiento de las sanciones criminales sobre la población civil de la isla, precisó la fuente.
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