Los desplazados con nacionalidad ucraniana podrán viajar con libertad dentro de la UE, instalarse en cualquiera de sus Estados miembro, tener acceso a asistencia médica y buscar empleo, explica el acuerdo.
En el caso de los residentes no nacionales que quedaron fuera de la cobertura, cada Estado miembro decidirá el estatus migratorio otorgado, explicó la comisaria europea de Asuntos del Interior, Ylva Johansson.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció hace solos tres semanas las devoluciones forzadas y la violencia contra indocumentados en las fronteras terrestres y marítimas de la Unión Europea (UE).
Pese a constantes llamados de organizaciones humanitarias, de los derechos humanos, e incluso, desde las propias instituciones del bloque integracionista, el tema de la migración responsable es hoy una asignatura pendiente para el ente comunitario, según analistas.
Sin embargo, esta jornada la UE puso sobre la mesa una propuesta para garantizar la acogida de los civiles residentes en Ucrania.
La iniciativa reconocía por igual a ciudadanos o inmigrantes de ese país, pero tras las negociaciones de esta jornada, los ministros europeos establecieron un trato diferenciado a los no ucranianos, según recogió Europa Press.
Un reciente comunicado de la Unión Africana llamó a poner fin a la discriminación de foráneos en Ucrania, sobre todo de esa región, que son discriminados durante la evacuación por las autoridades de esa república exsoviética.
Sin embargo, el ministro francés del Interior Gérald Darmanin, cuyo país preside el Consejo de la UE hasta junio de este año, calificó el acuerdo en sus redes sociales de “histórico”.
De este modo, la protección estará activa durante un año, prorrogable hasta un máximo de tres.
Las enmiendas explican que el retorno debe ser seguro y el migrante necesitará recibir un estatus para continuar en la UE como asilado o protegido internacional.
Johansson reconoció a la prensa en esta capital la ayuda voluntaria de la población de países como Polonia, Rumanía o Eslovaquia.
La directiva de protección temporal se diseñó tras la guerra de los Balcanes, pero pese a la urgencia, en aquella ocasión se desaprobó.
De igual forma, se denegó durante la llegada masiva de refugiados sirios a Italia y Grecia en 2015.
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