Según una nota publicada en el sitio web del órgano judicial, entre el 14 de diciembre de 2021 y el 3 de febrero del 2022 el Tribunal Provincial de La Habana realizó los juicios correspondientes a las causas penales de los hechos acontecidos en la Esquina de Toyo y el reparto La Güinera, de los municipios de Diez de Octubre y Arroyo Naranjo, respectivamente.
Refiere la comunicación que los acusados se encontraron responsables de los delitos de sedición y hurto, previstos y sancionados en los artículos 100 a), 322.1 y 323 del Código Penal cubano.
Aclara, además, que los jueces actuantes tuvieron en cuenta el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos, unido a la situación excepcional que vivía el país producto de la pandemia de Covid-19.
En total, los procesos fueron seguidos contra 129 ciudadanos acusados de cometer y provocar “graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.
La observancia del debido proceso, el estricto respeto a los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, y la práctica de las pruebas propuestas -tanto por la fiscalía en su acusación, como por los encartados y sus representantes procesales- caracterizaron el desarrollo de los juicios, señala la nota.
A los actos judiciales asistieron familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias, puntualiza también la nota.
De ese modo, el tribunal consideró demostrado que el 11 de julio de 2021, en la Esquina de Toyo, los acusados intentaron subvertir el orden constitucional, de forma violenta, con acciones como el lanzamiento de piedras y botellas contra varios funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria y autos patrulleros.
Además, voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales, todo ello obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior.
Por otra parte, otro grupo de acusados, el 12 de julio en la localidad de La Güinera, salieron a las calles de ese territorio y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran.
Lanzaron piedras, palos, botellas y cócteles molotov contra agentes del Ministerio del Interior y otros trabajadores de instituciones estatales presentes en el lugar, a quienes causaron lesiones, y asediaron por varias horas la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del reparto Capri, del municipio Arroyo Naranjo, describe la nota de prensa.
Añade también que los sucesos fueron deliberadamente organizados en medio de la situación compleja que atravesaba el país, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, en particular en la provincia de La Habana, razones por las que se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos.
Las sanciones oscilan entre cuatro y 30 años de privación de libertad y el ciudadano Nayn Luis Marco Molinet resultó absuelto por no demostrarse su participación en los hechos.
Además de estas penas, el tribunal dispuso la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades.
“Tanto a los acusados sancionados como a la fiscalía les asiste el derecho de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular contra la sentencia dictada por el órgano judicial que realizó el juicio en primera instancia”, concluye la información.
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