Quizás solo las más recientes decisiones de Gobierno -la aprobación del Programa Nacional de Adelanto para la Mujer y la Estrategia integral para la prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar- sirvan para reflejar la voluntad de la isla en el camino de la adopción de acciones concretas que tributen al tema.
Sobresalen en la mayor de las Antillas la existencia de 14 políticas públicas y 35 programas a su favor, así como la integración y coordinación de los planes adoptados entre cada uno de los organismos, según datos que arrojó una auditoría de la Contraloría General de la República en el año 2018.
Cada paso de avance tiene como brújula la Carta Magna, aprobada en el año 2019 por más del 86 por ciento de los cubanos, y otros documentos rectores de políticas, como la conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista y el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030.
Varias son las instituciones que impulsan también acciones sistemáticas de capacitación y sensibilización sobre violencia por motivo de género, dirigidas a sectores medulares como la salud, educación, el ámbito jurídico, la policía y los medios de comunicación.
Por solo mencionar un ejemplo, desde el año 2014, la Fiscalía General de la República cuenta con una línea telefónica de forma permanente -ampliada en el contexto de la Covid-19- asistida por fiscales y personal especializado, para ofrecer orientaciones jurídicas y recibir quejas sobre agresiones de cualquier naturaleza.
Además, en la actualidad un nuevo Código de las Familias que se somete a consulta popular amplía lo relacionado con la protección a mujeres y niñas, ofrece una visión transversal a la violencia y la discriminación, y busca los equilibrios en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados, que mayoritariamente recaen en hombros de la mujer.
Son ilustrativas, por otra parte, las estadísticas que ubican el desempeño de la mujer en la vida política, económica y pública en niveles equiparados al de los hombres, al representar el 51,1 por ciento de la dirigencia del Estado y el Gobierno y el 53,2 de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento).
Este liderazgo se sostiene, entre otros muchos factores, en una legislación protectora de la maternidad, que en su última actualización igualó los derechos de las trabajadoras independientemente del sector en que ellas se desempeñen.
¿Son estos logros suficientes? Expertas dedicadas al tema persisten en la existencia de estereotipos vinculados a roles por ser hombre o mujer, que generan perjuicios y expresiones de discriminación, cuya expresión fundamental se genera en el ámbito de la familia.
Y es que las conquistas no invalidan los desafíos pendientes, entre los que se encuentran la necesidad de incrementar la capacitación de los operadores del Derecho y la eliminación de patrones sexistas y discriminatorios, que incluso trascienden a los medios de comunicación.
En el año 2019, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información publicó los datos de la última Encuesta Nacional de Igualdad de Género, en la cual el 39,6 por ciento de las féminas pesquisadas aseguró haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida y sobresalieron como principales agresiones las de tipo psicológica y económica (en ese orden).
Es por esa razón que diagnosticar nuevos y posibles itinerarios ocupa a la máxima dirección del país, a partir del diálogo con las mujeres y la ayuda de los expertos y la ciencia, pues es este un compromiso que requiere de la responsabilidad de todos y enfoques que permitan escudriñar más allá de las representaciones visibles de la desigualdad de género.
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