La magistrada Beth Bloom, de la ciudad de Miami, consideró que las empresas Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises participaron en “actividades turísticas prohibidas” y “de tráfico” al transportar pasajeros a la isla, divulgó el diario Sun Sentinel.
Según el texto judicial citado, esas corporaciones turísticas se beneficiaron entre 2015 y 2019 del uso de las instalaciones portuarias de la capital cubana, nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución de 1959.
Esta decisión significaría un cambio de postura de la propia magistrada Bloom, quien enero de 2020 emitió una orden en la cual desestimó una reclamación similar de la firma Havana Docks Corporation, misma que ahora reclama derechos sobre la terminal de cruceros habanera.
Havana Docks dice que esa instalación era de su propiedad y, por tanto, cree que su utilización por parte de empresas estadounidenses viola el Título III de la Ley Helms Burton, activado por el expresidente Donald Trump en 2019.
Por su parte, las acusadas argumentan que sus viajes a la nación caribeña estuvieron amparados en los lineamientos que estableció el Departamento del Tesoro durante la administración de Barack Obama (2009-2017).
El caso continuará a partir de mayo de este año en un juicio que deberá determinar si es necesario una compensación económica a los demandantes.
El 2 de abril de 2019 se iniciaron procesos legales al amparo de la Ley Helms-Burton y hasta el 31 de julio de 2021, se habían presentado un total de 39 demandas, de las cuales cinco fueron retiradas y 34 se mantenían en curso.
Esa política ha afectado a entidades estadounidenses y de terceros países que realizaron o realizan negocios con Cuba, así como a empresas nacionales, que en estos momentos trabajan por la reanimación del turismo en Cuba, fuertemente golpeado por la Covid-19 desde 2020.
La Helms-Burton, aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra Cuba hace casi 60 años.
Su Título III, que la administración Trump activó, permite a ciudadanos estadounidenses presentar reclamaciones contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en propiedades nacionalizadas en Cuba tras el triunfo de la Revolución.
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