En un reporte del noticiero de la televisión, el abogado defensor Yasmani Manuel Frontela explicó que esta característica constituye una garantía a los derechos de los ciudadanos.
«Hemos podido hacer todo tipo de solicitudes y peticiones durante la fase investigativa, por ejemplo, la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión provisional, la solicitud de aplicaciones de multas administrativas en aquellos individuos con participación menor en los hechos», comentó el jurista.
Según el abogado, esto permitió que muchas personas involucradas en los disturbios fueran extraídas de procesos penales en su contra.
Sobre los juicios orales enfatizó que la defensa expuso todo tipo de tesis que iban contra las pruebas presentadas por la fiscalía y aplicó otras medidas que permitieron la mejor representación de los intereses de los acusados.
El noticiero recordó que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos es una entidad autónoma integrada voluntariamente por juristas especializados, quienes solo deben obediencia a la ley.
Autoridades del sistema judicial y familiares de los detenidos han asegurado en televisión nacional que el proceso legal tras los disturbios del 11 y 12 de julio pasado en la isla respetó las garantías de los imputados y las leyes del país.
Cuba presentó pruebas de que estos acontecimientos fueron resultado de un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos para provocar desestabilización en momentos en los que la nación caribeña afrontaba una compleja situación por la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington.
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