La cartera de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la isla, junto con las contrapartes locales, prioriza el fortalecimiento de los programas agroalimentarios inclusivos contra la malnutrición y que contribuyen a la soberanía y la seguridad alimentarias y el desarrollo sostenible.
El representante de la FAO en la isla, Marcelo Resende, explicó a medios de prensa cubanos que también dirigen sus esfuerzos y cooperación al enfrentamiento al cambio climático, el incremento de la resiliencia y la reducción de riesgos ante desastres de paisajes productivos sostenibles.
A una pregunta de Prensa Latina respondió que entre los principales resultados de esa colaboración está el apoyo a la implementación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional y el diseño del proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuya aprobación por el Parlamento está prevista para el próximo mes.
Resende destacó que esa política y su marco legal apoyarán la reducción de la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos, y garantizará, entre otros aspectos, la calidad e inocuidad de la comida, la disminución de las pérdidas y movilizará los sistemas educacionales, culturales y de comunicación en esos temas.
En relación con el desafío del cambio climático destacó que Cuba implementa, con la asistencia técnica de la FAO el proyecto IRES, primero financiado por el Fondo Verde para el Clima con recursos no reembolsables en territorios cubanos muy afectados por la sequía y necesitados de ampliar sus áreas de cultivo.
Se trata de una iniciativa para rescatar 35 mil hectáreas de tierra cubiertas de marabú, que serán intervenidas con módulos agroforestales y silvopastoriles (tecnología, maquinaria, semillas y fertilizantes), así como la mitigación de 2,7 toneladas de gases de efecto invernadero, para lo cual se destinaron 38,2 millones de dólares.
IRES, aprobado en 2020 para su ejecución en siete años, fortalecerá la adaptación de la producción local de alimentos y garantizará el suministro y acceso a esos renglones en comunidades rurales altamente vulnerables a los impactos del cambio climático en las provincias de Matanzas, Villa Clara y Las Tunas.
Este proyecto está en correspondencia con las acciones de la FAO a nivel global de acompañar a los países en la transformación de sus sistemas alimentarios y apuesta por la descentralización, la gestión y el desarrollo local, así como acercar la agricultura al conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación.
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