Mes y medio después de ser aprobada esa iniciativa en la Asamblea Nacional(AN, Parlamento), el gobernante firmó la norma jurídica y aseveró que con ella se salda una deuda con la Patria, con los caídos en aquel trágico evento a quienes recordamos con respeto y sus familiares, agregó.
El proyecto legislativo 157 adopta medidas de concientización sobre aquella agresión que sembró caos, muerte y la destrucción de pueblos enteros, entre ellos el barrio mártir de El Chorrillo, en esta capital.
Establece también descanso obligatorio, pero sobre todo que el pabellón nacional será izado a media asta en todo el istmo y prohíbe la transmisión y proyección de música estridente en todos los medios radiales y televisivos estatales y privados.
Indica además que no se permite el expendio, consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo el país.
Los centros educativos de Panamá, precisa el instrumento legal, deberán realizar actos públicos en los cuales resalten las causas, motivos y consecuencias de los hechos ocurridos en esos trágicos acontecimientos.
El titular de la AN, Crispiano Adames, uno de los promotores de la ley, manifestó que todas las víctimas depositadas en fosas comunes merecen justicia y lo que se hace con esta propuesta es una forma de no olvidar el abuso cometido por Estados Unidos.
La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los caídos el 20 de Diciembre, Trinidad Ayola, aseveró que luego de 32 años de lucha y perseverancia, se ha hecho justicia y adelantó la construcción de un monumento de recordación a la trágica fecha y se trabaja con ese fin de conjunto con el Ministerio de Cultura.
Documentos desclasificados en Washington y publicados por primera vez en diciembre de 2019 señalan como saldo de la agresión unas 516 víctimas fatales, de ellas 314 militares. Pero en el istmo se habla de miles de muertos, la mayoría civiles.
El pasado año, en ocasión del aniversario 32 del vil ataque, Ayola señaló en declaraciones exclusivas a Prensa Latina que son muchas las deudas pendientes, entre ellas conocer el paradero de miles de desaparecidos.
Comentó además la urgencia de identificar los restos de las víctimas mortales, en un proceso de exhumación de cadáveres que no termina.
Estimó por otra parte que la invasión no ha tenido la necesaria condena internacional, incluso pese a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018, que juzgó a Estados Unidos por violar los derechos humanos e instó al Ejecutivo panameño a indemnizar a las víctimas.
En esta lucha, tuvimos avances como lograr en 2016 la conformación de la Comisión 20 de diciembre, que encabeza el catedrático Juan Planells y se dedica de manera exclusiva a las investigaciones de aquellos sucesos.
La denominada Causa Justa, cuyos objetivos expuestos eran acabar con la supuesta dictadura y capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, lo que en realidad trajo fue la muerte y el caos al barrio mártir de El Chorrillo, entre otros en plena capital y en Colón, muchos de ellos desaparecidos por la artillería.
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