En la cita, inaugurada la víspera, los especialistas señalaron que en América Latina la legislación ha quedado rezagada en esta materia y son pocos los países que cuentan con programas de protección de su infraestructura o han establecido un plan preventivo.
En la cita, auspiciada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño(Parlatino), en esta capital, su titular, la argentina Silvia Giacoppo, indicó que en un tercio de los países latinoamericanos no existe un marco legal contra los crímenes informáticos y únicamente cinco países de la región se han adherido a la Convención de Budapest.
“Se estima que los daños económicos de los ataques cibernéticos podrían sobrepasar el 1,0 por ciento del Producto Interno Bruto en algunos países y en el caso de los ataques a la infraestructura critica, esta cifra podría alcanzar hasta seis por ciento”, enfatizó.
Otros panelistas comentaron que las autoridades han detectado que empresas víctimas de este tipo de delitos prefieren no denunciarlo para evitar daños a su reputación. La ciudadanía tampoco lo hace, muchas veces por falta de confianza en las autoridades, o porque temen que sea el mismo gobierno quien capture su información sin permiso, comentaron.
A su turno, el director regional de Crime Stoppers, Alejo Campos, señaló que con la pandemia de la Covid-19 los delitos cibernéticos se han incrementado en 600 por ciento y las pérdidas por este flagelo se estiman en 10,5 trillones de dólares anuales a nivel mundial.
Para evitar un ataque de esta naturaleza, alertaron, se empieza por proteger nuestros datos en redes sociales o en los dispositivos que empleamos a diario, el celular, la tablet o el computador.
En Panamá los delitos más comunes son los ataques a los correos electrónicos y las estafas cibernéticas al sector privado, que va en aumento, acotaron en varias intervenciones.
Al respecto, Ricaurte González, de la Fiscalía Especializada de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, aclaró que existe una falta de actualización de las normas, y enfatizó en que chantajes para evitar la publicación de imágenes o videos íntimos de las víctimas o el bullying, todavía no son parte del catálogo de los delitos.
El propósito del debate en este foro, según sus organizadores, es generar conciencia a nivel político de las amenazas cibernéticas, para luego generar leyes u otras iniciativas capaces de proteger a la población de manera efectiva.
Además de Parlatino, el foro es patrocinado además por la Oficina Regional de Crime Stoppers (CS-CBLA), el Instituto Republicano Internacional, y el Programa Regional Alianzas para la Democracia y el Desarrollo con Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
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