En los últimos tiempos ese tipo de contrato, no tan conocido fuera del ámbito jurídico, es escuchado con frecuencia.
Es fácil para cualquier jurista decir que los fideicomisos son actos en los cuales los fideicomitentes transfieren derechos sobre bienes y propiedad a un fiduciario para ser administrado por este con la finalidad de sacar provecho de esa acción, el problema es cómo traducir eso en la práctica.
En los últimos meses ocho proyectos de fideicomiso fueron presentados al Congreso para su conocimiento y aprobación o no.
De ellos, el legislativo aprobó seis, incluidos dos sobre los cuales están los ojos de la sociedad, se trata de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y del desarrollo turístico de la provincia Pedernales.
Tal vez de ellos dos, el más controversial es el de Punta Catalina, el cual -aunque aprobado sin oposición en la Cámara de Diputados- fue cuestionado por falta de lectura y transparencia, por ello concentrémonos en él.
Este caso desató los demonios entre los dominicanos porque muchos sectores cuestionaron el hecho de poner una de las principales industrias del Estado en manos de personas jurídicas para que la administren durante 30 años, es decir, encargar a un tercero el manejo de un bien público.
A pesar de que los funcionarios del gobierno, e incluso el presidente, lo negaron y este último aclaró en su momento que con el acuerdo no pasaban ese bien a manos privadas, sino que le daban a la Fiduciaria Reservas la potestad de administración, una entidad del emblemático banco estatal Banreservas, no se apagaron las llamas.
Debido a la controversia, el mandatario remitió al Consejo Económico y Social el proyecto para analizarlo en ese espacio de diálogo y llegar a un consenso, algo aún pendiente.
Empero, ante el creciente uso dado a los fideicomisos y los no pocos desacuerdos que sobre ellos existen, los cuales llegan hasta a dudar de su legalidad, el jefe de Estado sometió al Congreso un proyecto que establece el régimen aplicable para la regulación del fideicomiso público en Dominicana.
El legislador Eugenio Cedeño, presentó una resolución para modificar el reglamento interno de ese órgano legislativo y crear una nueva comisión permanente de trabajo que se dedique a estudiar las alianzas público-privadas y los fideicomisos.
Algo debe quedar claro en esta controversia de últimos meses, el fideicomiso público no es un instrumento jurídico nuevo en esta nación, está vigente desde 2011 con la puesta en marcha de la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, algo que ocurrió durante el gobierno de Leonel Fernández y fue iniciado en 2013 con Danilo Medina.
Según especialistas del tema, desde ese momento hasta hoy fueron creados 22 fideicomisos públicos, aunque solo funcionan 12, y de esa cantidad, seis fueron impulsados en la gestión gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana y en ninguno fue dada la privatización de los bienes del Estado a patrimonios fideicomitivos.
El gerente general de la Fiduciaria Reservas, Andrés Van der Horst, una de las entidades cuestionadas por el contrato con Punta Catalina, afirmó que durante los gobiernos peledeistas se otorgó el aval legal a los fideicomisos públicos y “los ruidos generados son por desconocimiento e irresponsabilidad de políticos al referirse a esa figura legal”.
“La gente dice que no existe el fideicomiso público, pues existe legalmente y legítimamente”, precisó.
Asimismo, señaló como la ley establece que pueden realizarse varias modalidades de fideicomisos, lo cual abre la puerta también para los públicos.
Lo cierto es que hay de todo, desde opiniones acertadas y de fondo, hasta algunas sacadas de la manga sin pie ni cabeza, por ello la importancia de concluir el proceso de Punta Catalina, pues este, además, del más cuestionado, debe ser el que más luz arroje en esta materia.
acl/ema
