El instituto de enseñanza superior, ubicado en esta capital, condenó las maniobras orientadas a la manipulación de la transparencia de los juicios asociados a los sucesos del 11 de julio de 2021, durante los cuales resultó imputado ese alumno de segundo año.
Mediante una declaración, la entidad educativa mencionó que González Lescay recibió seis años de privación de libertad en el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque por los delitos de desacato agravado de carácter continuado y de figura simple de carácter continuado y desórdenes públicos.
De acuerdo con el documento, la maniobra busca la empatía de educandos y académicos a partir de la simplificación de los hechos atribuidos al joven y del desconocimiento al ordenamiento jurídico existente en el país, pues el caso permanece en revisión por el Tribunal Supremo Popular.
“Aun cuando el ISA es una institución creada por la Revolución y los valores que defiende están en contradicción con la actitud cívica de Abel González, se le ha prestado atención diferenciada y se ha mantenido una comunicación sistemática con su familia”, afirmó el texto.
En este sentido, la Universidad refirió la emisión de documentos de aval a los órganos competentes con la notificación de su condición como estudiante y artista, cuestiones tomadas en consideración para la respuesta del proceso en libertad, condición de la cual disfruta actualmente.
La institución aclaró que en ningún momento Abel fue suspendido de la docencia o limitada su participación en la vida universitaria; por el contrario, permaneció alojado en la Residencia Estudiantil y recibió de manera voluntaria el acompañamiento del Departamento de Bienestar Universitario.
Lo anterior, apuntó el comunicado, sirvió para la facilitación del manejo de sus emociones en una etapa de tensiones psicológicas y como sugerencia de los profesionales de esa área, no fueron analizadas con rigor las indisciplinas cometidas por él durante la etapa.
Incluso, representantes del ISA asistieron al acto de juicio oral y atestiguaron la práctica de todas las garantías constitucionales, en correspondencia con el estado de derecho presente en la nación caribeña, y las autoridades universitarias siguen de cerca su proceso.
La carta en su supuesta defensa, consideró la declaración, representa “una actitud abiertamente en contra de la Revolución” y sirve de pretexto para la inclusión de activistas políticos y personas ajenas al centro a las campañas difamatorias, con mayor fuerza en los últimos años.
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