De acuerdo con un el comunicado del Consejo de Gabinete “el control de la concesionaria” a través de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) tiene la finalidad de garantizar la continuidad de los trabajadores y del servicio de comunicaciones personales.
El anuncio se da luego que el pasado 6 de abril Digicel Panamá solicitara la liquidación voluntaria de sus operaciones ante los Tribunales de Justicia Civiles, siendo la primera empresa de telecomunicaciones que da un servicio público y que toma una decisión como esta, según el diario La Prensa.
En ese momento, Digicel Panamá comunicó que había decidido salir del país ante lo que denominaron un mercado que no garantiza la sana competencia y un ente regulador que no hizo los ajustes que necesitaba un tercer y más pequeño competidor, tras la aprobación de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro Panamá.
Con la compra de Claro y la anunciada salida de Digicel, de un mercado de cuatro competidores el istmo se quedaría con dos grandes emporios dominando la plaza: CWP y Tigo.
Tal situación no le ha dejado otra salida al Gobierno que tomar partida del proceso, garantizando que operen tres concesionarios, tal como lo estipula la norma que establece disposiciones de concentración de mercado.
A juicio de analistas, la toma de control de la empresa de telecomunicaciones bajo el paraguas del Estado frenaría la liquidación voluntaria que interpuso Digicel y autoriza al ente regulador para que intervenga durante el tiempo que le tome corregir la falta o mientras se resuelvan los recursos correspondientes.
Durante este proceso se deberá designar a un interventor, quien deberá ser un profesional con experiencia en telecomunicaciones, a fin de garantizar la continuidad eficiente del servicio público objeto de la concesión.
En el caso de Digicel no se trataría de un problema vinculado a la aplicación de tecnología o la prestación del servicio, sino a una supuesta incapacidad financiera derivada de las complejidades que han denunciado respecto al mercado panameño, comentó el rotativo.
Si esto llega a ocurrir, el Estado deberá iniciar, en un término no mayor de 90 día, el llamado a una nueva licitación pública para la concesión del servicio en manos de Digicel.
El proceso, que apenas empieza, marcará un hito en las telecomunicaciones, pues es la primera vez que una empresa que brinda un servicio público pasa por semejante trámite, lo que implica el estreno de varias leyes de vieja data.
Digicel acapara alrededor del 10 por ciento del mercado. Para organizaciones sociales como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales lo que preocupa realmente es que van a hacer con los trabajadores de cientos de tiendas, técnicos y demás personal especialmente en las duras condiciones que atraviesa el país centroamericano
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