Según explicó la coronela Idays Borges, jefa de la Dirección de Atención de Menores del Ministerio del Interior, el país desarrolla una política congruente con los mecanismos internacionales, para lo cual cuenta con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
En declaraciones a la prensa, precisó que la isla caribeña garantiza la atención del menor de 16 años de edad desde el momento en que se conoce el hecho, lo cual favorece su atención, recuperación psicológica e integración social.
Las víctimas reciben apoyo en los Centros de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna), creados en el año 2005 en las provincias de La Habana, Villa Clara (centro de la nación) y Santiago de Cuba (oriente) para proponer el tratamiento posterior, indicó la autoridad.
Todo ello, junto a servicios disponibles en instalaciones de otros territorios, para el seguimiento especializado en consultas de psiquiatría infanto-juvenil, psicología o en las instituciones de salud mental del sistema sanitario nacional.
Borges acotó que los Cpnna están dirigidos a prevenir o disminuir la victimización secundaria de los menores, a partir del cumplimiento de una metodología para obtener información sobre el caso en una entrevista que es grabada en audio y video.
El procedimiento está diseñado en varios momentos, con etapas de preparación (en la cual los especialistas valoran si el niño está en condiciones de hablar), atención a la familia, planificación de la estrategia y exploración (cuando tiene lugar la entrevista).
En los casos de mayor complejidad, los expertos que los atienden son convocados por el tribunal como testigos para emitir sus criterios y valoraciones, alternativa que evita la presencia del menor en ese acto; en situaciones excepcionales cuando son citados los niños, nunca declaran en presencia del victimario.
Además, los Cpnna trabajan en una Estrategia nacional para la prevención del abuso sexual infantil, realizan acciones de capacitación e investigaciones sociales sobre este fenómeno.
La protección integral de la niñez constituye una política priorizada del Estado cubano, que considera a ese segmento poblacional como sujetos de derechos y dispone de instrumentos jurídicos para enfrentar todo tipo de abuso, descuido, trato negligente o violencia.
Anualmente estos centros ofrecen servicios de exploración, orientación y protección integral al 0,08 por ciento de la población infantil, por resultar víctimas de maltrato, abuso sexual y otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.
En 2017, de acuerdo con el Informe de Cuba sobre la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas, la población infanto-juvenil del país era de dos millones 238 mil 635.
Según esa fuente, la Dirección General de Investigación Criminal y Operaciones cuenta con órganos especializados para la indagación de estos hechos y el procesamiento penal de los implicados.
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