El paquete de medidas, bajo el argumento de proteger a la infancia, pone a más de 440 millones de ciudadanos bajo sospecha generalizada, aseguró el movimiento ciudadano Campact y las organizaciones Digital Courage, Digitale Freiheit y Digitale Gesellschaft.
Esos grupos alegaron que las normativas suspenden el derecho a la privacidad en lugar de detener la distribución de contenidos ilegales.
Las declaraciones aluden a un proyecto de ley presentado la semana anterior con el que la CE pretende “proteger mejor a los niños en la red”.
En ese sentido la comisaria de Interior de la Unión Europea (UE), Ylva Johansson, justificó los planes con cifras demostrativas de la necesidad de esas acciones.
El pasado año se descubrieron 85 millones de fotos y vídeos que mostraban abusos sexuales a menores, según la UE.
En ese contexto el proyecto de ley propone obligar a las empresas de Internet a examinar los mensajes privados de todos sus usuarios en busca de imágenes con contenido ilegal.
Una normativa al respecto afectaría, además, a servicios de chat populares como WhatsApp o Signal, así como a los correos electrónicos.
Los activistas pidieron al Gobierno nacional la cancelación esos planes, bajo el argumento de que “la comunicación privada en chats y servicios de mensajería no debe ser vigilada de manera automática y sin ninguna razón”.
Pero la comisaria Johansson subrayó que solo se llevarán a cabo búsquedas específicas de imágenes de abusos.
Buscamos una aguja en un pajar, utilizando un imán que no afecta al heno, consideró la funcionaria comunitaria.
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