El juez Raymond Dearie sentenció a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares a 36 meses prisión, de los cuales han transcurrido 23 y ambos se declararon culpables y expresaron disculpas al pueblo panameño, precisó la versión digital del diario La Prensa.
Los abogados de los Martinelli Linares afirmaron que se trató de un caso inusual, ya que sus defendidos actuaron por obligación del padre, ya que debían recibir el dinero y enviarlo a cuentas fantasmas, pero las coimas eran para el progenitor.
También adelantaron que los hermanos, quienes además deberán pagar 250 mil dólares de multa por recibir sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, tenían miedo del sistema judicial norteamericano.
Al respecto, manifestaron que a Marcelo Odebrecht, de la mencionada empresa investigada, el gobierno estadounidense le dio una condena de 30 meses de prisión, por lo que les pareció extremadamente exagerada la petición de la fiscalía de entre nueve y 11 años de cárcel.
Ricardo Alberto y Luis Enrique, tras cumplir sus condenas, deberán permanecer además dos años de libertad bajo supervisión, por conspirar para blanquear 28 millones de dólares.
La maniobra era para beneficio de un “alto funcionario panameño” que, además, es “familiar cercano” de ambos, de acuerdo con el informe de la fiscalía, pero este viernes se supo finalmente en una audiencia de hora y media que se trataba del exgobernante Martinelli Berrocal.
Los hermanos fueron capturados en Guatemala el 6 de julio de 2020, a solicitud de Estados Unidos.
Luis Enrique fue extraditado el 15 de noviembre de 2021 y Ricardo Alberto, el 10 de diciembre de ese año. El primero se declaró culpable el 2 de diciembre; y el segundo, el 14 de ese mismo mes.
Horas antes de la vista, la fiscal adjunta Alixandra Smith presentó una orden preliminar al juez Dearie para confiscar casi 18,9 millones de dólares y otros bienes ligados al delito de lavado de dinero.
Parte de los fondos está depositado en dos cuentas en el Bank Vontobel AG, en Suiza, a nombre de las sociedades Diamong Investments Corp. y Waterspoon International Ltd.
Sobre este proceso, el abogado panameño Carlos González opinó que pone en entredicho la eficiencia del sistema judicial en el país centroamericano.
El experto sustenta que si bien en el istmo hay algunos operadores de justicia que intentan hacer su trabajo, los mecanismos para garantizar la impunidad de los corruptos siguen intactos.
“El problema no es que haya corrupción, lo cual puede ocurrir en cualquier parte del mundo, el problema es que no se castiga”, remarcó.
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