Según el Ejecutivo conservador que lidera el primer ministro Boris Johnson, la propuesta que será enviada este lunes a la Cámara de los Comunes tiene como objetivo proteger la integridad de los llamados Acuerdos del Viernes Santo que en 1998 pusieron fin al conflicto armado en esa provincia británica.
En declaraciones la víspera a la televisora Sky News, el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, negó que las modificaciones atenten contra las obligaciones contraídas por el Reino Unido cuando firmó el tratado de retirada con la Unión Europea (UE).
Los abogados del gobierno fueron bien claros: estamos trabajando apegados a la ley, aseveró el funcionario, quien no confirmó, sin embargo, que se vaya a publicar el contenido integro del asesoramiento legal, como exige la oposición.
El llamado protocolo norirlandés fue la fórmula encontrada por Londres y Bruselas para evitar el establecimiento de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda en la era posbrexit.
La medida establece, no obstante, que todas las mercancías procedentes de Gran Bretaña deben ser sometidas a controles aduaneros y sanitarios para comprobar que cumplen con las regulaciones de la UE, lo que provoca demoras en el trasiego de los productos.
Los unionistas norirlandeses consideran además que el protocolo amenaza la pertenencia de esa provincia al Reino Unido, y exigen su revocación o renegociación, dos opciones que son descartadas de plano por el bloque europeo.
Para presionar a Londres, el Partido Democrático Unionista, leal a la Corona británica, y que perdió las recientes elecciones locales, se niega a cumplir con la parte del tratado de paz de 1998 que lo obliga a compartir el gobierno con los republicanos del Sinn Fein.
La negativa impide la formación de un Ejecutivo regional y el funcionamiento de la Asamblea local, con lo cual se pone en peligro la estabilidad en Irlanda del Norte, que es la baza jugada ahora por Johnson para presionar a la UE.
La oposición política británica liderada por el Partido Laborista, y algunos miembros de la bancada conservadora, temen, sin embargo, que la modificación unilateral del documento viole el derecho internacional y provoque un litigio legal que dañaría la reputación del país.
La presidenta nacional del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, afirmó, por su parte, que el protocolo posbrexit está funcionado, y que su modificación redundaría en un daño económico impredecible.
En declaraciones la víspera a Sky News, McDonald consideró “vergonzoso” que el gobierno quiera usar al norte de Irlanda como moneda de cambio en su confrontación con la UE, y aseguró que la propuesta solo busca alimentar el ego y las ambiciones de liderazgo de Johnson o de alguno de sus posibles sucesores.
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