Según precisó la fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales, Lisnay María Mederos, el órgano del Estado constató el respeto a los derechos constitucionales y controló las investigaciones practicadas por el Ministerio del Interior, así como la legalidad en los establecimientos penitenciarios.
Los abogados mantuvieron comunicación con sus representados, accedieron a las actuaciones y pudieron aportar las evidencias que consideraron oportunas, dijo al diario local Granma.
La decisión de la Fiscalía de ejercer la acusación ante los Tribunales tuvo como sustento pruebas documentales, testificales y periciales, que permitieron establecer y determinar la participación de los acusados en hechos que tipifican como delitos previstos en el Código Penal vigente, indicó.
“Concluidas las vistas, notificadas las sentencias a las partes y, en virtud de lo que establece la ley, los acusados y el fiscal establecieron los recursos correspondientes, los que una vez resueltos dan firmeza a las decisiones adoptadas por los tribunales”, agregó la entrevistada.
Como enfatizó la fuente, constituye una premisa obligatoria velar por que ninguna persona sea privada de su libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido.
También resulta requisito que los acusados dispongan de asistencia letrada desde el inicio del proceso, la presunción de inocencia hasta la sentencia firme, y ser juzgados por un tribunal preestablecido en respeto a las leyes, entre otras garantías que establece la carta magna.
De acuerdo con la FGR, hasta el momento adquirieron firmeza 76 sentencias, con 381 acusados sancionados por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza, violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos en los disturbios ocurridos en julio de 2021 en varios puntos de Cuba.
De esas personas, 16 tienen edades comprendidas entre 16 y 18 años, y a 15 de estos se le cambiaron las penas privativas de libertad por otras alternativas; el resto de los procesos continúan su tramitación en los tribunales.
Respecto al criterio manejado en redes sociales de que en Cuba se procesan a menores, Mederos afirmó que las leyes del país establecen la responsabilidad penal a partir de los 16 años y ofrecen reglas para la adecuación del dictamen.
De acuerdo con autoridades de la isla, los disturbios fueron alentados desde el exterior a partir de la aplicación de estrategias de la llamada guerra no convencional y atentaron contra el orden constitucional.
La Constitución establece que Cuba es un Estado socialista de derecho y de justicia social, y ello tiene una expresión en el cumplimiento de las funciones de la FGR y en los procesos penales, subrayó Mederos.
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