Los días 14 y 15 de junio el Tribunal notificó a la Fiscalía cuatro sentencias firmes, en las que 33 sancionados habían establecido recursos, correspondientes a las provincias de La Habana y Mayabeque, por delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos, fundamentalmente, dijo un comunicado de la FGR.
Atendiendo a la gravedad de los hechos y grado de participación, 30 fueron sancionados con penas de privación de libertad (20 entre cinco y 10 años, y 10 entre 10 y 18 años), dice el texto.
Añade que a otros dos procesados se les subsidió por trabajo correccional sin internamiento y uno por limitación de libertad; que no implican -en principio, bajo condición de buena conducta-, su ingreso a prisión.
Reitera que el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por el Tribunal en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, trae como consecuencia la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad.
También mantienen su validez las obligaciones impuestas por los Tribunales Populares sobre la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades, apunta el comunicado.
Para estos casos da inicio el proceso de ejecución de las sanciones y se velará «para que durante su cumplimiento se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social».
La FGR enfatizó que durante los incidentes del 11 de julio de 2021 ocurrieron hechos que «atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista».
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