Varios especialistas consideraron que la identificación de vulnerabilidades, el incentivo a la producción de semillas y la educación nutricional en los infantes, son algunos de los ejes presentes en las directrices gubernamentales existentes.
De acuerdo con la directora de Actividades Educativas Especializadas del Ministerio de Educación, Yanira Gómez, la iniciativa deviene en un acicate para el diseño de acciones que permitan a los docentes incorporar contenidos de educación alimentaria y nutricional en todas las asignaturas.
Por su parte, la representante de la delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Villa Clara, Ania Escobar, expresó que el programa está en consonancia con los objetivos plasmados en el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático.
Mencionó en este sentido la existencia de estrategias priorizadas en la reducción de desastres.
También destacó la posibilidad facilitada por ProAct para fortalecer las capacidades locales en temas de identificación de riesgos en pos de la mitigación de vulnerabilidades.
La jefa del Departamento de Higiene de los Alimentos y Nutrición del Ministerio de Salud Pública, Mayra Martí, ponderó que la iniciativa veló por el cumplimiento de los preceptos contemplados en la Ley de Inocuidad Alimentaria.
En tanto, alabó la capacidad para promover el autoabastecimiento local en función de satisfacer las demandas de los territorios.
Los expertos coincidieron en resaltar los aportes del proyecto en su contribución al Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional.
En el caso específico de la agricultura, subrayaron los incentivos provistos para la producción de semillas y en la capacitación a productores.
ProAct respondió a la necesidad del fortalecimiento de la respuesta ante eventos climatológicos con énfasis en la producción sustentable de alimentos en los municipios de Corralillo, Caibarién, Sagua la Grande, Quemado de Güines, Encrucijada, Camajuaní y Remedios, afectados por la sequía y los perjuicios ocasionados por el huracán Irma en 2017.
Contó con el asesoramiento del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y con un financiamiento de dos millones de euros provistos por la Unión Europea.
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