El mandatario dijo ayer que se someterá a las investigaciones que le hagan, después que el ministro de Justicia , Félix Chero, declaró que el mandatario no está obligado a presentarse pero aclaró que el tema no le atañe, pues solo corresponde a Castillo y su abogado.
“Estoy sometido a una serie de investigaciones y acusaciones también. Asistiré a todas, iré a todas, porque de eso se trata, dar la cara donde nos tienen que llamar”, afirmó en un acto público, lo que para la prensa local abona a la posibilidad de que acuda a la convocatoria de Sánchez.
El gobernante criticó que, lejos de agendar los grandes problemas del país, sus detractores lo quieren mostrar como corrupto, como los gobernantes de casi los últimos 40 años.
Rechazó las imputaciones y sostuvo que en casi 11 meses de gobierno no hay siquiera una pista de que haya incurrido en actos de corrupción.
El presidente no dio detalles sobre el citatorio de hoy y tampoco se ha definido si ejercerá la prerrogativa presidencial de que el fiscal lo interrogue en el palacio de gobierno, aunque Sánchez lo citó para que declare en la sede del Ministerio Público.
La declaración está referida al caso del contrato irregular (ya anulado) de construcción de un costoso puente, bajo la hipótesis de la fiscalía, de que el tema forma parte de una serie de negociados similares realizados por una organización criminal en el gobierno, encabezada por Castillo.
El caso involucra al exministro de Transportes y Comunicaciones, Luis Silva, el exsecretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, dos sobrinos del jefe de Estado y seis parlamentarios, los dos primeros están prófugos, de lo cual la oposición culpa también al Gobierno.
También los empresarios lobistas (gestores de negocios privados con el Estado) Karelim López, que compiten en incriminar a Castillo y los demás investigados y se acusan mutuamente de pagar sobornos al jefe Estado, con el obvio fin de ser colaboradores de la Fiscalía y aminorar su responsabilidad penal.
De otro lado, la comisión de Fiscalización del Parlamento declaró investigado al presidente Castillo, por no comparecer como testigo ante el grupo a declarar sobre reuniones que el mandatario sostuvo con políticos y empresarios fuera del Palacio de Gobierno.
El abogado del mandatario, Benji Espinoza, dijo que su cliente no aceptó comparecer porque la comisión solo busca, por razones políticas, acusarlo de delitos
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