Duterte rubricó la conjocida como Ley Ampliada contra la Trata de Personas de 2022, que modifica la anterior Ley contra la trata de personas de 2003.
Entre las disposiciones clave de la RA 11862 está hacer responsables a los «intermediarios de Internet» que «a sabiendas o por negligencia grave permiten que su infraestructura de Internet se utilice con el fin de promover la trata de personas».
También responsabiliza a los “intermediarios financieros”, incluidos bancos y compañías de tarjetas de crédito y centros de transferencia o remesas de dinero, que “a sabiendas o por negligencia grave permiten que sus servicios, plataforma en línea y aplicaciones, entre otros, se utilicen para promover el tráfico”.
La ley también tipifica como actos que promueven la trata de personas la producción, impresión y emisión o distribución de pasaportes y actas de nacimiento no emitidos, manipulados o falsos.
En virtud de la RA 11862, los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen el mandato de iniciar de inmediato una investigación y recopilación de inteligencia dentro de los 10 días posteriores a la recepción de declaraciones.
También ordena a los agentes del orden público que rastreen, intercepten, supervisen, vigilen, escuchen y registren utilizando cualquier tipo de dispositivo electrónico o de interceptación, cualquier comunicación, información o mensaje de una persona acusada, sospechosa o razonablemente creída de han cometido infracciones por orden escrita del Tribunal Regional de Primera Instancia.
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