Las acusaciones del parlamentario siguieron a una denuncia presentada por el Comité Impulsor del caso Golpe de Estado contra líderes opositores implicados en delitos como genocidio, alzamiento armado y conspiración.
Cabezas llamó a investigar en particular a los exministros firmantes del llamado Decreto de la muerte (Decreto Supremo 4078), suscrito por la administración de Jeanine Áñez para ordenar las matanzas de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
El diputado exhortó a incluir en esa demanda de justicia a otros exfuncionarios de aquel gobierno de facto, que “vulneró los derechos humanos y todavía hay muchas familias sufriendo por un ser querido”.
Los firmantes del Decreto 4078, promulgado el 15 de noviembre de 2029, fueron los exministros Karen Longaric, Jerjes Atalá, Arturo Murillo, Luis Fernando López, Julio y José Luis Parada.
Otros extitulares que suscribieron el documento fueron Álvaro Guzmán, Yerko Nüñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez y Roxana Lizárraga.
Cabezas exigió en especial procesos judiciales por aquellos crímenes contra el expresidente y candidato a las elecciones de 2020 Carlos Mesa y el político opositor y gobernador del oriental departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
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