Los agentes están acusados de aprovecharse de una brecha legal que les permitía recibir devoluciones fiscales por impuestos que no habían pagado.
En el caso de Scholz, el comité investiga si el Canciller o bien otros altos responsables de su partido Socialdemócrata usaron su influencia para eximir al banco Warburg Bank de pagar 47 millones de euros en impuestos.
Scholz negó todos los cargos sobre un caso que se remonta al tiempo cuando estaba al frente de la Alcaldía de Hamburgo y protagonizó tres encuentros con los propietarios del banco, Max Warburg y Christian Olearius, en 2016 y 2017.
El canciller alemán admitió su presencia en estas reuniones durante su primera comparecencia, pero aseguró que no recordaba el contenido de las conversaciones.
Olearius, en su testimonio, declaró que Scholz envío una carta al entonces ministro de Finanzas del estado, Peter Tschentscher, en la que declaraba como injustificada la recogida de estos impuestos.
Poco después, las autoridades fiscales del estado retiraron la demanda por la que exigían al banco el pago de estos 47 millones al entender que el caso había prescrito.
Tschentscher, actualmente alcalde de Hamburgo, confirmó remitirle la carta de Scholz, pero describió las acusaciones como carentes de fundamento, mientras la oposición criticó al Canciller por su falta de transparencia.
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