Un comunicado de la organización afirma que se trata de “una deliberada y alevosa ofensiva mediática en contra de la destacada líder popular”, que está acompañada de la intención de someterla a un juicio con el propósito de privarla de sus derechos ciudadanos.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cualquier cargo público para Cristina Fernández, por supuestas irregularidades en la ejecución de obras públicas cuando ejerció la presidencia (2007-2015).
Tal acusación levantó una ola de repudio en toda la región, que incluyó a los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; México, Andrés Manuel López Obrador; y Colombia, Gustavo Petro.
La nota de los comunistas chilenos precisa que este nuevo caso de persecución judicial contra líderes populares, como ya ocurrió en otros países, busca dañar la imagen de la vicegobernante argentina de cara al futuro político de la vecina nación.
“Nos sumamos a la campaña internacional en defensa y respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández y de condena a cualquier intento desestabilizador del gobierno democrático del país hermano”, finaliza el comunicado.
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