Más de 15 millones de personas están convocadas a las urnas este domingo para pronunciarse sobre el texto de 170 páginas y 57 normas, que busca reemplazar a la Ley Fundamental impuesta en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
La propuesta constitucional señala a Chile como un Estado social y democrático de derecho, un Estado plurinacional e intercultural donde coexisten diversos pueblos y naciones, como los Mapuche, Aymara, Rapanui, Quechua, Colla, Diaguita, entre otros.
Interrogado por Prensa Latina sobre por qué apoya el nuevo texto, Norberto Díaz, participante en una manifestación en Santiago, recordó que el 80 por ciento de los chilenos exigieron cambios en la antigua constitución que fue implantada a sangre y fuego en tiempos de la dictadura (1973-1990).
“La propuesta incluye aspectos fundamentales, como el reconocimiento a las comunidades originarias, el agua pasa de ser una propiedad privada a una propiedad de todos, el derecho a una educación gratuita y de calidad y un sistema de salud al alcance de todos”, dijo.
Plantea, además, que el Estado articulará, gestionará y financiará una educación pública laica y gratuita y que el Sistema Nacional de Salud tendrá un carácter universal, público e integrado, regido por los principios de equidad, solidaridad e interculturalidad.
De aprobarse la nueva Constitución sería una oportunidad para cambiar la vida de las mujeres, porque contiene elementos como la garantía de una vida sin violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento al trabajo doméstico, dijo a esta agencia la dirigente feminista Siomara Molina.
Se trata de la primera carta fundamental redactada de forma paritaria (77 mujeres y 77 hombres).
Las temáticas medioambientales cruzan transversalmente la propuesta constitucional, que reconoce los derechos de la naturaleza y el deber del Estado y la sociedad de protegerlos y respetarlos.
La propuesta también establece el derecho al agua como un bien común, en un país donde más de 400 mil familias carecen del vital líquido.
En política exterior, Chile declara a América Latina y el Caribe como área prioritaria en sus relaciones internacionales y se compromete con el mantenimiento de la región como zona de paz y libre de violencia.
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