La última proyección del ejecutivo, publicada a finales de julio, adelantaba un crecimiento de 1,4 puntos, pero en su declaración Le Maire no quiso precisar cifra alguna, y aseguró que “los fundamentos de la economía francesa son lo suficientemente fuertes como para que podamos superar este difícil periodo sin que se convierta en un escenario de catástrofe”.
Menos optimista se mostró la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística al advertir ante una desaceleración de la actividad económica más acusada de lo previsto en el segundo semestre del año, estimando que un eventual estancamiento produciría un aumento únicamente del 0,2 por ciento del PIB para 2023.
En la misma línea se expresó el viernes el gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, quien no descartó el riesgo de una recesión en 2023, refiriéndose «como mínimo» a una desaceleración de la economía, y recordó que el conflicto en Ucrania provocó que la inflación se dispare dejando un clima económico “extremadamente incierto”.
Con respecto al objetivo de un déficit público, Le Maire confió en mantener una cifra equivalente al 5 por ciento del PIB el próximo año, y llevarlo por debajo del 3 por ciento al final del quinquenio, en 2027.
Por último, el responsable económico se refirió a la retirada del impuesto sobre el valor añadido de las empresas (CVAE), anunciada por la primera ministra Elisabeth Borne durante su discurso de política general a principios de julio, asegurando que se hará en los próximos dos años y no de una vez como en un principio se planteó.
Este impuesto, que deben pagar las empresas que facturan más de 500 mil euros anuales, privará al Estado de unos ingresos superiores a los 8 mil millones de euros y choca frontalmente con la propuesta que comienza a tomar forma en el debate político francés de gravar a las grandes fortunas.
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