El acuerdo se adoptó por 41 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, y busca asegurar el libre tránsito, la tranquilidad en las rutas y la protección de la vida de las personas en un área donde continúan los hechos de violencia, dijeron las autoridades.
Según la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, al gobierno “no le gusta” el estado de excepción, pero lo instaura en virtud de su obligación de proteger a los ciudadanos, en un contexto en que las policías solas no pueden con la violencia.
Pese a que el presidente Gabriel Boric prometió durante su campaña electoral que no prorrogaría la medida, desde el 17 de mayo se mantiene vigente en la Macrozona sur el despliegue de fuerzas militares.
El legislador Diego Ibáñez declaró que como bancada del Frente Amplio decidieron respaldar al Gobierno con la extensión de esta disposición, aunque “sabemos que es una herramienta que ataca síntomas, mas no la enfermedad”.
En la zona sur se registran desde hace años ataques incendiarios contra maquinaria agrícola y distintos hechos de violencia.
En esa región vive el pueblo mapuche, que durante décadas ha reclamado la devolución de tierras ancestrales usurpadas, hoy en manos de empresas forestales.
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