Julio Morejón Tartabull *
Paul Rafanoharana, exasesor franco-malgache del mandatario, y Philippe François, antiguo coronel del ejército galo convertido en empresario, fueron detenidos en julio del pasado año, sometidos a juicio y condenados a penas que cumplen en una cárcel del país.
En la última fase del proceso- en agosto pasado- el tribunal ratificó el castigo a los dos sospechosos por su participación en una conspiración golpista, cuyo nombre en código fue Apolo 21.
Rafanoharana, considerado el autor intelectual de la trama, fue sentenciado a 20 años y François a 10 por ser cómplice al ocultar las actividades ilegales del plan mediante una empresa fachada.
“Irónicamente, el nombre de Paul Rafanoharana, asesor del arzobispo de Antananarivo, había sido anunciado para primer ministro durante la siguiente reorganización del gabinete”, indicó el sitio digital lejournaldelafrique.com.
Por su parte, François fue presidente del fondo de inversión Tsara First y de otras firmas que operan como socios clave de empresas públicas malgaches, agregó el medio de difusión.
Las sentencias deberán cumplirse junto con trabajos forzados por intento de golpe de Estado y de magnicidio.
Unas veinte personas, incluidos los dos franceses y sus esposas, fueron juzgadas, luego de más de cuatro meses de su detención y en lo que medios de prensa identificaron como “un caso sin precedentes llamado Apolo 21”.
“Entre los detenidos, provienen de las Fuerzas Armadas cinco generales, dos capitanes, cuatro suboficiales, cuatro gendarmes y militares retirados, tanto de Madagascar como de Francia, y cinco civiles”, citó mvsnoticias.com.
LA INVESTIGACIÒN
El 20 de julio de 2021 la Fiscal General del Tribunal de Apelación, Berthine Razafiarivony, confirmó el arresto de varios extranjeros y nacionales en el curso de una investigación por violación a la seguridad del Estado.
La acusación fue de intento de magnicidio, para lo cual “las pruebas materiales que obran en nuestro poder, (indican que) estos individuos han ideado un plan para eliminar y neutralizar a varias personalidades malgaches, incluido el jefe de Estado».
Asimismo, la procuradora agregó que: “Las evidencias materiales en manos de los investigadores son tangibles y han permitido identificar a los principales instigadores de la operación”.
Posteriormente, el presidente Rajoelina precisó que el plan constaba de cuatro fases e involucraba a una vasta red, cuyo financiamiento previo era de cinco millones de euros para pagar tropas, líderes sindicales y comandos.
Según acotó en una intervención televisada, los objetivos de la operación eran, además de él, cinco ministros, y en estaban implicadas también figuras políticas de alto nivel.
El proceso investigativo incluyó entrevistas con funcionarios de la compañía petrolera Madagascar Oil, propiedad de Benchmark Group, empresa que explota el yacimiento de crudo pesado en Tsimiroro, y admitió que fue contactada por correo electrónico por Rafanoharana para financiar el derrocamiento del gobierno.
También el asunto afectó al más alto dignatario de la Iglesia católica en Madagascar, el Arzobispo de Antananarivo, Odon Marie Arséne Razanakolona, quien fue entrevistado porque Paul Rafanoharana se presentó como su asesor, pero la institución religiosa negó toda conexión o compromiso con el asunto.
Asimismo, el principal acusado admitió en el juicio la existencia de una carta en la que exigía una importante suma de dinero para «garantizar el derrocamiento del régimen vigente».
Durante la pesquisa se confiscó un fusil, dinero, dos vehículos todoterreno, teléfonos, material informático, así como un documento que contenía un “plan estratégico, político y operacional”.
SITUACIÓN JURÍDICA
En un comunicado divulgado por la prensa, un comité de apoyo a Philippe François solicitó al gobierno de Francia que lo proteja retornándolo a ese país europeo, mientras que los abogados de la defensa de los dos encartados arguyeron alteraciones judiciales.
Los letrados dijeron que todo el proceso estuvo afectado por irregularidades y destacaron, en particular, interferencias del Gobierno en la acción del tribunal y filtraciones constantes a los medios de difusión, así como dificultades para contactar con sus defendidos.
“No se han tenido en cuenta nuestros argumentos sobre las graves violaciones de los derechos fundamentales que se han cometido. No podemos decir qué pasos vamos a tomar», declaró a L’Express de Madagascar Arlette Rafanomadio, del equipo de abogados de Rafanoharana.
«Primero estamos a la espera de ver cuáles son los motivos de rechazo por parte del Tribunal de Casación», agregó la profesional, mientras los dos principales encausados cumplen su sentencia en la prisión de alta seguridad de Tsiafahy, en las afueras de Antananarivo, la capital malgache.
Los medios especificaron que la esposa de Rafanoharana, Voahangy Andrianandrianina, resultó condenada a cinco años de cárcel, así como la exsocia comercial de François, Aina Razafindrakoto, en tanto el exprimer ministro Víctor Ramahatra recibió una sentencia suspendida de cinco años.
Uno de los abogados de la defensa, Raymond Chan-Fah, indicó que los dos franceses podrían solicitar un traslado de pena para cumplirla en su país, conforme reseñó Radio Francia Internacional (RFI), pero precisó que: «intentaremos tener la sentencia en nuestras manos y a partir de ahí, ver cómo podemos actuar”.
Esa fuente no descartó traer a colación “el acuerdo de cooperación de 1973 que posiblemente prevea la extradición de ciudadanos franceses a su país de origen».
Ninguno de los análisis sobre el intento de golpe de Estado aduce a la actual situación socioeconómica y si está vinculada o no con el interés de los conspiradores, pero sobresale que Madagascar- la cuarta isla mayor del planeta- es uno de los países más agobiados por la pobreza, según la ONU.
Conforme datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, la región austral sufre una severa insuficiencia de víveres que afecta a más de un millón de ciudadanos. Por ahora, el proceso judicial no parece incidir en las relaciones de Madagascar con París, que el 20 de agosto emitió un comunicado en el cual asegura estar siguiendo muy de cerca la situación de los dos convictos.
“Estamos con sus familias y continuaremos ofreciéndoles nuestro apoyo”, añadió el mensaje diplomático.
*Periodista de la redacción Internacional de Prensa Latina.
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