En la Declaración final de su XXII Consejo Político, los cancilleres del mecanismo de integración ratificaron la defensa del multilateralismo, la observancia de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y el papel central de la ONU.
Refrendaron, asimismo, los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobado en la II Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, realizada en La Habana, Cuba, en enero del 2014.
Los ministros de Relaciones Exteriores del ALBA-TCP reafirmaron su rechazo a la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Estados soberanos, violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas.
En ese sentido, abogaron firmemente por el levantamiento incondicional e inmediato del “criminal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero” impuesto hace más de 60 años por Estados Unidos a Cuba, de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General.
También rechazaron la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos y Gobiernos de Nicaragua y Venezuela, violatorias del Derecho Internacional que impiden el pleno disfrute de los derechos humanos.
La Declaración denunció “el insólito” pronunciamiento de un tribunal británico que socava la legítima potestad de Venezuela de administrar sus reservas intencionales, y apoyó las acciones legales que la nación sudamericana pudiera adoptar para revertir esa medida ilegal.
Condenó, además, el intento de secuestro y robo por Estados Unidos y «sus tribunales imperiales» del avión venezolano de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, acción que constituyó un nuevo acto de saqueo de los bienes nacionales de la República Bolivariana.
Los Estado miembros del ALBA-TCP respaldaron los justos reclamos de los países de la región de materializar “un cambio urgente” en las relaciones hemisféricas, que incluya los principios de igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos y el no uso ni amenazas del uso de la fuerza.
De otro lado, ratificaron la enérgica condena del mecanismo de integración al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y reafirmaron el apoyo a los países caribeños en su justo reclamo de compensación por el genocidio de la población nativa, los horrores de la esclavitud y la trata trasatlántica.
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