El período vacacional trajo una tregua en el panorama político del país, rota con el regreso a clases y al trabajo, dibujando un panorama que pudiera incluir el retorno del movimiento sindical a las calles y batallas parlamentarias con un escenario diferente y menos favorable para el Gobierno.
En su primer mandato en el Palacio del Elíseo (2017-2022), Macron tuvo que renunciar a la reforma por la irrupción de la pandemia de la Covid-19, sin olvidar las huelgas y protestas que paralizaron al país a finales del 2019 y principios del 2020, justo antes del ataque de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Con su reelección en mayo, otra vez a costa de la ultraderechista Marine Le Pen, el jefe de Estado retomó la transformación del sistema de retiro y subrayó la intención de extender la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 65.
Para el mandatario, la reforma representa un paso indispensable, y la calificó de una necesidad, al igual que la propuesta de “trabajar un poco más de tiempo”.
“Tenemos que financiar también la transición climática, todas las inversiones que debemos realizar, no podremos hacerlas a menos que produzcamos más riquezas, y para ello necesitamos un poco más de personas en el trabajo y trabajar un poco más de tiempo”, esgrimió.
El criterio de quienes se oponen es bastante similar al planteado hace dos años, evitar un deterioro en el bolsillo de seres humanos que han servido a la sociedad durante toda su vida, en particular en momentos en los cuales sufre el poder adquisitivo de los franceses por una inflación situada en torno al seis por ciento de variación interanual.
De acuerdo con el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, las fuerzas de la izquierda deberían proponer junto a los sindicatos un proyecto alternativo de reforma del retiro justo y solidario, mientras el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, abogó durante su campaña presidencial por bajar a 60 años la edad de jubilación.
UN DOMINGO MOVIDO
El tema de la reforma rompió la tranquilidad del domingo, que comenzó con las declaraciones del ministro para la Acción y las Cuentas Públicas, Gabriel Attal, al semanario Le Journal du Dimanche, ratificando la decisión del Gobierno de impulsarla.
También el titular para las Relaciones con el Parlamento, Franck Riester, abordó el espinoso asunto en diálogo con la Radio J.
Ante la voluntad firme del ejecutivo de seguir adelante, la pregunta sobre la mesa es cuál será el método escogido para llevar a cabo la iniciativa, en un contexto distinto, ya que el oficialismo perdió en las elecciones legislativas de junio la tranquilidad de contar con la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
Son tres las hipótesis fundamentales manejadas por expertos y la prensa: una enmienda al presupuesto de la Seguridad Social, un proyecto de ley independiente o con el polémico artículo 49.3 de la Constitución de 1958, el cual permite aprobar una norma sin necesidad del respaldo de la Asamblea.
Tanto Attal como Riester insistieron hoy en que corresponderá al presidente Macron y a la primera ministra Elisabeth Borne definir el camino a seguir.
Según el diputado de LFI Manuel Bompard, apelar al 49.3 sería “una declaración de guerra”, que provocaría reacciones.
En los micrófonos del canal BFM TV, el parlamentario por el bloque de izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social, afirmó que tampoco las otras variantes serían bienvenidas, y conducirían a la presentación de mociones de censura en el hemiciclo, con opciones de éxito si todos los sectores opositores las apoyasen, incluyendo los conservadores y la extrema derecha.
Cada vez que el Gobierno ha querido reformar el sistema de jubilación ha encontrado en frente a movimientos sociales importantes, advirtió.
De hecho, organizaciones sindicales ya convocaron para el jueves una jornada nacional de movilización, enfocada en el rechazo a la pérdida de poder adquisitivo y a la reforma priorizada por Macron.
Se avecinan meses tensos en Francia, con negociaciones y protestas sociales a la vista.
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