Los legisladores presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional donde denuncian que el proceso estuvo viciado y no se consultó antes a la Corte Suprema sobre sus implicaciones.
Según el artículo 60 de la carta magna, si el TPP-11 contiene alguna disposición que incida en la organización y atribuciones de los tribunales, deberá oírse previamente el criterio de la Corte Suprema.
El tratado fue aprobado el pasado 11 de octubre en el Senado por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, a pesar del rechazo de unas 200 organizaciones sociales y sindicales del país.
Ese convenio genera controversias y es considerado por amplios sectores como lesivo a la soberanía del país, porque cede jurisdicción a tribunales internacionales en materia de resolución de controversias.
En esencia, ello implica que una transnacional puede demandar a un Estado, si a su juicio se afectan sus intereses.
“El TPP-11 mantiene “condiciones que nos amarran”. “Siento que a Chile le perjudica”, denunció el senador Karim Bianchi.
Recordó que cuando en medio de la pandemia de Covid-19 se promovió la retirada del 10 por ciento del dinero acumulado en las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), estas fueron al gobierno norteamericano a reclamar contra una ley chilena y no pudieron.
Sin embargo, si se firma el TPP-11, las AFP, en su gran mayoría transnacionales, “pueden ver vulneradas sus expectativas de futura rentabilidad” y en consecuencia demandar al Estado chileno.
Aunque el tratado ya fue aprobado por ambas cámaras del parlamento, el presidente Gabriel Boric anunció que no lo promulgará antes de firmar las llamadas “cartas laterales” (side letters, en inglés) con los países miembros, en las cuales se exprese la voluntad de no aplicar la cláusula sobre la solución de controversias.
Con un mercado de casi 500 millones de personas, el tratado involucra a 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
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