Así lo denunció Juan Javier Zárate, encargado de negocios de la embajada de Bolivia en Cuba, quien calificó de excusa infundada el argumento de la oposición de que la postergación del Censo de Población y Vivienda causaría pérdidas económicas a esa región y menos curules en la Asamblea Legislativa.
Zárate aseguró a la prensa nacional que la propuesta del gobierno de Luis Arce de realizarlo en abril de 2024 obedece a razones técnicas para garantizar su calidad, y no políticas, como los efectos de la pandemia de la Covid-19 y la necesidad de una mayor socialización de ese proceso en el país.
El diplomático comentó que la nueva planificación cuenta con el aval de la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo de Población y la Comisión económica para América Latina y el Caribe, entre otras entidades.
Argumentó que durante el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) se reestructuró todo lo que estaba previsto hacerse en el país, lo cual afectó también al Centro Nacional de Estadísticas.
Durante el intercambio efectuado en la sede de la embajada, Zárate señaló que Santa Cruz es una región en crecimiento, con un aumento sostenido de su población debido al contante flujo de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida.
Declaró que teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de esa urbe, se estima que el resultado del Censo daría a Santa Cruz dos asambleístas más.
Sobre la asignación de recursos –otro de los argumentos esgrimidos por la oposición para rechazar su aplazamiento- explicó que el Ejecutivo propuso entregarlos en octubre de 2024 después de conocerse los resultados preliminares de la encuesta, y no en septiembre (un mes de diferencia) como pretende el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.
Remarcó que Bolivia es un Estado democrático, que promueve el más amplio respeto a los derechos humanos, por lo que condena las expresiones racistas, los ataques a la prensa y las acciones violentas de grupos organizados, y no permitirá la vulneración de los mismos.
Apuntó que el Gobierno nacional llama a no incitar a la violencia, como la que causó la muerte del ciudadano Julio Pablo Taborga, en Puerto Quijarro, a cuya familia la administración envió su solidaridad y condolencias.
Mientras, las calles de Santa Cruz, en el oriente boliviano, están repletas de manifestantes que no aceptan el paro indefinido contra el Gobierno y la inestabilidad del país.
La paralización en Santa Cruz trata de asemejar a la que realizó allí la derecha en 2019, con la unión de las clases medias bolivianas, que favorecieron un levantamiento opositor y el golpe de Estado contra Evo Morales, quien renunció para evitar mayores confrontaciones.
La decisión del Ejecutivo de no realizar el Censo en 2023 –como previó de manera inicial y trasladarlo para el siguiente año- fue consensuado con autoridades de los departamentos, pero Santa Cruz no participó ni en el debate ni en el acuerdo.
Para escuchar las demandas del pueblo cruceño, la actual administración estableció en días recientes una mesa de diálogo, pero el gobernador Luis Fernando Camacho se retiró.
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