La medida obedece a que Novonor (nombre actual de Odebrecht) la pidió alegando que la parte peruana habìa incumplido el acuerdo de colaboración que prohíbe usar esos testimonios contra los intereses de la firma.
Odebrecht ha reconocido aportes electorales o sobornos a los expresidentes Alan García (quien se suicidó cuando estaba a punto de ser detenido), Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como a la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.
La comunicación, agregó el Ministerio Público en un escueto comunicado, fue derivada al equipo especial a cargo de investigar los casos de corrupción de empresas brasileñas en Perú, “para que formulen los esclarecimientos correspondientes a las observaciones que motivaron dicha suspensión y sean remitidos oficialmente a Brasil”.
Agregó que espera que la Procuraduría General de Brasil, remitente del aviso, “reevalúe la suspensión temporal y se retome la cooperación jurídica” acordada, que incluye niveles de inmunidad para los ejecutivos de la antes Odebrecht y el compromiso de no usar los testimonios que aporten a las investigaciones en Perú.
La decisión de la Procuradoría brasileña fue sorpresiuva, pues se produjo cuando el coordinador del equipo a cargo del caso, Rafael Vela, junto al conocido fiscal José Pérez, recogían testimonios de esos exejecutivos en la ciudad brasileña de Curitiba.
Vela calificó la actitud de la empresa como “de mala fe procesal”, pues la colaboraciòn se desarrollaba sin inconvenientes y lamentó que “la justicia brasileña haya tomado una decisión sin habernos escuchado previamente”.
Conocidos juristas peruanos coincidieron en aconsejar el camino de la concertación para destrabar la crisis en la que ha caído el acuerdo de colaboración.
El abogado Juan José Quispe apuntó que si el acuerdo no se reanuda, los testimonios que incriminan a los políticos peruanos no van a poder ratificarse en los respectivos juicios, como los ya iniciados, a Humala y Fujimori, por lo que recomendó un acuerdo amistoso entre la Fiscalía y la empresa.
El ex fiscal anticorrupción Pedro Angulo dijo que, por tratarse solo de una suspensión y no de una ruptura, el acuerdo de colaboración puede restablecerse y los fiscales peruanos deben asesorarse debidamente y acordar con los ejecutivos el reinicio del convenio.
Para el jurista Carlos Rivera, lo fundamental es que quede claro que el acuerdo se cumpla tal como fue firmado, para normalizar la colaboración.
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