En declaraciones a Prensa Latina, el presidente de la Unión Nacional de Juristas del país caribeño (UNJC) resaltó la importancia de la participación de una delegación de la isla en la XVIII Conferencia Continental de ese organismo y su presencia en la directiva del mismo.
Durante la cita, celebrada del 2 al 4 de este mes en la provincia del Chaco, fue ratificado el doctor Antonio Raudilio Martín como vicepresidente primero de la AAJ y Yamila González fue electa miembro del comité consultivo de esa organización.
González integra también la directiva de la UNJC y este año fue seleccionada para incorporarse al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, Ginarte destacó la condena por la AAJ del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas desde hace más de seis décadas.
La Asamblea de esa entidad denunció el recrudecimiento de ese cerco genocida mediante la aplicación de más de 243 medidas que se mantienen intactas desde el gobierno de Donald Trump (2017-2021), señaló.
Los presentes exigieron el cese de esa política hostil y demandaron la exclusión de Cuba de una lista espuria de patrocinadores del terrorismo elaborada por Washington, añadió.
Asimismo, resaltó la emoción generada en el evento cuando se conoció el apoyo de 185 países a la resolución para poner fin al bloqueo, presentada por la isla en la Asamblea General de la ONU por trigésima ocasión.
Fue una Conferencia a la altura de estos tiempos, muy coherente en cuanto al análisis de los temas que nos ocupan y las preocupaciones que tenemos los latinoamericanos ante el hegemonismo imperial. Además, la AAJ demostró su voluntad de fortalecer su estructura con juristas jóvenes, indicó.
Ginarte precisó que durante el encuentro se llevó a cabo una revisión de las actividades realizadas en el último trienio con el objetivo de fomentar el respeto a las leyes internacionales y los derechos humanos.
Además, fueron debatidas problemáticas como la necesidad de enfrentar la utilización del poder judicial y los sistemas de derecho para destruir a los gobiernos democráticos en Latinoamérica y perseguir a los movimientos sociales.
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